Menos votos pero más abusos, por Hernán Chaparro

Dadas las circunstancias, tener claro por quién se vota en el congreso en el 2026 puede que sea más importante que elegir presidente.  El clima de opinión poco a poco se mueve para incluir temas vinculados a potenciales candidatos y preferencias electorales, pero ya sabemos que eso, hoy, es un microclima.  Está presente entre ese 10% a 15% que observa estos temas con mayor detalle, lee algo más que titulares y tiene una dieta informativa relativamente diversa.  Todos los demás, en su agenda mental, han ubicado las elecciones para enero del 2026 y siguientes meses, que es cuando recién las encuestas de intención de voto tienen algo que decir.  Para más, revisen, o recuerden, cómo aparecía la intención de voto para presidente de Forsyth durante todo el 2020 y cómo quedó el 2021.

Los candidatos, algunos con su dinero y en otros casos con los del contribuyente, se van moviendo para estar en la agenda de quienes pueden influir y financiar estos esfuerzos.  En la lógica de las redes sociales, seguro que críticas, ataques, dimes y diretes generan algo de tráfico adicional y dejan alguna impresión mnémica… No sabemos cuán buena o mala.  Los que hoy aparecen se mueven en un escenario no competitivo, que además solo concita la atención de algunos, y por lo tanto sus posiciones son muy frágiles y cambiantes. 

En paralelo, Alfredo Torres desde Ipsos y Fernando Tuesta, desde la Universidad Católica, han analizado los posibles resultados electorales para senadores y diputados, tomando en cuenta la actual legislación, y nos han advertido que, más allá de las preferencias electorales la ley favorecerá a un reducido número de agrupaciones. ¿Cuáles? No aventuren respuestas.  Hay muchas variables en juego.

En ese sentido, es importante destacar la reciente publicación de un documento que brinda información de importancia de cara a las próximas elecciones, pero que además nos permite evaluar y discutir alternativas con relación a nuestro sistema de representación y el comportamiento electoral en general.  La publicación se titula "La democracia en Perú desde sus indicadores electorales" es un informe de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, escrito por Jorge Aragón, Marylia Cruz y Karina Alcántara que analiza la democracia peruana entre los años 2000 y 2022 a través de seis indicadores electorales: la participación electoral, el voto no válido (los blancos y nulos), el número de organizaciones políticas que han participado, el nivel de competencia electoral, la volatilidad del voto y lo que llaman la “nacionalización del voto”, esto es, cuán homogéneo o uniformemente distribuido es el respaldo electoral que recibe una organización política a lo largo del territorio nacional.  

El estudio evalúa el desempeño del sistema político-electoral en elecciones generales y subnacionales (regionales, provinciales, distritales), destacando la inestabilidad, fragmentación y creciente desconexión ciudadana. Los hallazgos sugieren un sistema democrático que, si bien mantiene la regularidad electoral, enfrenta desafíos significativos en términos de legitimidad y calidad de representación.  Cada una de las variables analizadas merece una detenida lectura. Acá queremos destacar algunas de ellas.

Un primer asunto es la participación electoral.  El informe muestra cómo la misma ha venido decayendo de manera sostenida desde el 2006.  Hemos pasado de un 88% que en el 2006 votó por congreso y presidencia en la primera vuelta, a un 70% en el 2021.  En el gobierno de García de esos años, se incluyó una consideración en el pago de la multa por no ir a votar que diferencia el monto según niveles de pobreza del lugar de residencia. Esto debe ser una de las tantas variables que ha impactado en la decreciente asistencia, pero es indudable que, en esa ecuación de costos y beneficios, tanto tangibles como intangibles, los beneficios de ir a votar han sido cada vez menos importantes para la ciudadanía.  La gestión del Estado ha sido cada vez más ineficiente, la relación entre ejecutivo y congreso cada vez más inestable, un congreso cada vez más fragmentado, inclinando la balanza hacia su delirio de “primer poder” para canalizar intereses particulares, cuando no delincuenciales, a la vista y paciencia de agrupaciones políticas llevadas por la corriente, cada vez más débiles y menos representativas. 

El informe también da cuenta de otra variable vinculada a la anterior, que es el cambio en el porcentaje de votos “no validos” (blancos y nulos).  Hay un lento crecimiento de votos blancos y nulos que es más preocupante cuando se ve el impacto final en lo que esto significa para las elecciones al congreso.  Esto es importante dados los cambios ya señalados con relación a las exigencias para tener representantes en diputados y senadores.  El informe muestra cómo el número de votos no válidos para el congreso siempre ha sido alto y en crecimiento (21.4% en el 2001 a 27.4% en el 2021). 

Si se toma en cuenta los datos de ONPE sobre el total de electores hábiles, esto es, todos los que deberían ir a votar, y se calcula cuántos terminan emitiendo un voto válido para el congreso (estos son los votos emitidos menos los blancos y nulos), tenemos grandes sorpresas.  Mientras que en el 2006 un 65% de los electores hábiles eligió a los congresistas, en el 2021 esta cifra fue solo el 50.8%, solo la mitad de quienes podrían votar eligió este congreso de 4% de aprobación.  En nuestra cultura política plebiscitaria, se sigue creyendo que basta tener presidente para tener democracia, pero cada vez son menos los que eligen a los congresistas que terminan haciendo diversidad de cambios legislativos para inclinar la balanza del poder a su favor.