
¿Qué está pasando con la inseguridad ciudadana? La policía está dando importantes golpes a bandas y a delincuentes sueltos, pero hay una criminalidad hormiga que explica un fuerte aumento de las denuncias por extorsión en el país. De otra parte, aún está pendiente el caso de los asesinados de Pataz, el más mediático pero no el único crimen en torno a la minería ilegal del norte.
Dina Boluarte está intentando aprovechar los espaciados éxitos de la PNP para sanar su imagen política, con frases como “mi gobierno seguirá en la lucha contra la criminalidad”. Pero la estadística sugiere que esa lucha es una guerra perdida, con un Ejecutivo mediocre incapaz de trazar una estrategia que vaya más allá de la mecánica capturar-encarcelar, en el mejor de los casos.
Entonces Boluarte quiere convencernos de que la lucha contra el crimen está avanzando, y que eso sucede gracias a ella. Pero si ella no quiere ser distraída por las acusaciones de la fiscalía, la ciudadanía afectada por los delincuentes no quiere ser distraída por los mini-discursos falaces desde Palacio. Tampoco convence la idea que la inseguridad ciudadana de hoy es herencia de anteriores gobiernos.
En algún momento una confluencia entre varios factores potenció al crimen. Llegó una camada de delincuentes del exterior, sobre todo Venezuela y Colombia, relativamente pocos, pero muy eficaces y decididos. Esto permitió madurar operativamente a las grandes bandas peruanas, y al convertir el crimen en un negocio mejor que antes, convenció a algunos elementos PNP de pasarse al lado oscuro de la fuerza.
Iniciativas parlamentarias como declarar intangible el botín de los criminales, o vivir organizando la navidad del minero ilegal todo el año, no ayudan nada en la lucha contra el delito. Esos son los aliados de la presidenta Boluarte. Son la versión Congreso del ministro que trafeaba las cifras de atentados delincuentes contra ciudadanos desprotegidos (hoy coordina en Palacio).
No hay duda sobre que crimen e inseguridad ocuparán el centro de la campaña electoral que comienza, y eso significará flagelar a la presidenta saliente. Lo único que va a durar son las acusaciones fiscales contra ella. Las cinco de hoy, más las que puedan aparecer mañana. Además da la impresión que ya es tarde para obtener resultados tangibles en el tema de la seguridad. Pensar otra cosa sería candoroso.





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