Los derechos LGTB en el Perú siguen en peligro

Hace 35 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS), entidad internacional de la cual el Estado peruano forma parte, eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. A partir de entonces, las Naciones Unidas conmemoran cada 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia en todos los ámbitos.

Sin embargo, más de tres décadas después, la discriminación hacia las personas LGTBIQ+ sigue siendo un problema estructural y profundamente arraigado. En un contexto global donde resurgen discursos estigmatizantes y premodernos, el Perú no es una excepción.

La violencia, tanto simbólica como física, contra las personas de las diversidades sexuales continúa siendo una realidad cotidiana. Aún más grave es que, en lugar de avanzar en la protección de sus derechos, algunos sectores del poder político impulsan iniciativas que buscan institucionalizar la discriminación.

El pasado 2 de abril, el Congreso aprobó una norma que restringe el acceso de personas transgénero a servicios higiénicos de acuerdo con su identidad de género. Esta norma, impulsada por la bancada de Renovación Popular y apoyada por Fuerza Popular y Perú Libre, refleja una peligrosa coincidencia entre partidos que aunque insisten en su supuesta oposición ideológica, están unidos en una visión ultraconservadora y excluyente de los derechos fundamentales.

Como ha señalado el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), esta medida constituye una vulneración directa al principio de igualdad y no discriminación, consagrado en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución peruana, así como en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara: los Estados están obligados a garantizar a las personas trans el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de igualdad.

La situación actual es alarmante. En los últimos cinco años, más de 60 personas trans han sido asesinadas en el país. Informes diversos revelan que un 60% de ellas teme acudir a centros de salud, ante el riesgo de ser maltratadas o ignoradas por el sistema. Este abandono institucional perpetúa su exclusión de dinámicas sociales y económicas, y condena a muchas a vivir bajo un techo de desarrollo muy bajo. Peor aún, se trata de una población con una tasa de intento de suicidio que alcanza un alarmante 85%, cifra que da cuenta del sufrimiento estructural que enfrentan.

Mientras algunas bancadas insisten en promover normas que profundizan la marginación, la ciudadanía que apuesta por una sociedad moderna, justa e inclusiva no debe desistir. La defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+ no es una agenda particular, sino parte fundamental del desarrollo humano integral que merece toda persona, sin distinción alguna.