Boluarte promulga ley populista contra el crimen

La aprobación de la Ley 32330 por parte del Congreso y su reciente promulgación por la presidenta Dina Boluarte es un completo escándalo. Esta norma, que permite considerar imputables a menores de edad desde los 16 años, es a todas luces abiertamente inconstitucional.

En su esencia, la ley desafía el espíritu de protección que la Constitución —y su cuarta disposición final y transitoria— garantiza a los adolescentes, así como los principios establecidos en tratados internacionales sobre los derechos de la infancia como los contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual Perú forma parte.

Las principales instancias operadoras de justicia, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, han expresado su categórico rechazo a esta decisión, subrayando su ilegalidad y la falta de fundamento en la interpretación jurídica.

La ley, en lugar de abordar las raíces del problema de la inseguridad y la delincuencia juvenil, opta por un enfoque punitivo que no solo es ineficiente, sino que también refleja una alarmante incapacidad del Gobierno para gestionar la crisis que atraviesa el país.

En un contexto en el que la pobreza monetaria supera el 27,5% y la presencia del Estado en áreas críticas como salud, educación y prevención de la violencia es escasa, la legalización de esta norma se convierte en un símbolo del desdén hacia las necesidades del pueblo.

No solo existe una vasta literatura, sino experiencias de políticas públicas como en la ciudad de Medellín, en Colombia, que comprueban que la criminalización de los jóvenes no es la solución a un problema que tiene múltiples aristas y que está profundamente enraizado en la desigualdad y la falta de oportunidades.

En lugar de desarrollar estrategias efectivas para desmantelar las redes de criminalidad organizada, el Gobierno, apoyado por aliados en el Congreso, opta por medidas populistas que ignoran la realidad que enfrentan nuestros adolescentes.

El uso de jóvenes como piezas en el ajedrez del crimen organizado, especialmente en actividades como el sicariato, pone de relieve la irresponsabilidad del Estado en la protección de sus ciudadanos más vulnerables. La Ley 32330 no solo es un ataque a los derechos de los menores, sino que también es un reconocimiento del fracaso de un sistema que se niega a abordar los problemas estructurales que alimentan la violencia y la delincuencia.