Columnista invitado. Autor de contenidos y de las últimas noticias del diario La República. Experiencia como redactor en varias temáticas y secciones sobre noticias de hoy en Perú y el mundo.

La violencia contra la ciudadanía organizada en el Perú es sistemática. En las recientes movilizaciones en Lima, nuestras comunicaciones fueron bloqueadas, nuestras identidades suplantadas y nuestros datos personales expuestos para difamar y criminalizar a dirigentes. Esta campaña de amedrentamiento busca sembrar miedo y silenciar voces críticas.

<blockquote class="wp-block-quote">PUEDES VER:<a href="https://larepublica.pe/opinion/2025/09/27/poder-judicial-debe-respetar-el-derecho-a-la-protesta-525744"> EDITORIAL | Poder Judicial debe respetar el derecho a la protesta</a></blockquote>

Poder Judicial debe respetar el derecho a la protesta

A ello se sumó la represión violenta de la policía: perdigones disparados por la espalda, golpes, gas lacrimógeno lanzado al cuerpo e intentos de detención arbitraria dejaron heridos a decenas de manifestantes, incluidos estudiantes. Esta situación no es aislada: forma parte de una política de gobierno que insiste en censurar envés de dar solución a la corrupción y criminalidad que vive la ciudadanía cada día.

Como Federación de Estudiantes de la PUCP, llamamos a la ciudadanía a mantenerse vigilante, ejercer su legítimo derecho a la protesta y continuar denunciando la corrupción e ineptitud de este gobierno.

Protestas de este domingo en la Plaza San Martín. Foto: Carlos Felix/ La República

Estudiar y luchar es deber estudiantil, por Fátima Estrada Ramos

Reflexión de la presidente de la Federación de Estudiantes de la PUCP sobre la realidad de las juventudes universitarias en la defensa de los derechos humanos

Estudiar y luchar es deber estudiantil, por Fátima Estrada Ramos hnews

La República

*Obispo Vicario de Iquitos

Hace poco, una hermana religiosa me contaba de una conversación que tuvo con un niño de 5 años, hijo de una familia que intenta proteger su territorio en Loreto del avance de la minería ilegal, pero que se vio obligada a abandonar su comunidad debido a las amenazas. En la habitación donde se alojaban, sentados sobre una cama, el niño tomó en sus manos la cruz que la hermana lleva en su pecho. “¿Él te cuida?”, le preguntó. La hermana le dijo que sí. El niño insistió: “¿Él no deja que te maten?”

Sacó una cartulina con un dibujo que había hecho su hermana, y lo describió: allí estaban el río con los peces, el bosque, los sembríos, las casitas y, de pronto, dijo señalando dentro del río: “Estas son las dragas, allí están los dragueros, ellos tienen cuchillos y pistolas; mi papá tiene que correr”.

Esta conversación con la hermana que acompaña a la familia destapa una realidad cruel que se va extendiendo a lo largo de los ríos amazónicos: la inseguridad en que viven las familias por los conflictos que surgen alrededor de la minería ilegal. Cuando hay amenazas y violencia, los niños sufren desproporcionalmente. La niñez es una etapa de descubrimiento, de aprendizaje, pero ¿qué mundo está descubriendo este niño y qué está aprendiendo? Un niño de 5 años debe sentirse seguro en su casa; no debe vivir permanentemente con el temor de que alguien mate a su padre.

El mundo en el que vivimos es más inseguro que hace una década, una inseguridad no solo física sino también política, que se refleja en la economía. En este mundo inestable, los países optan por invertir en oro, por considerarlo más seguro que cualquier moneda nacional. Con mayor demanda, sube el precio del oro, incentivando la minería ilegal. En los 10 últimos años el precio del oro en mercados internacionales ha pasado de US$ 1,600 la onza (28 g) a más de US$ 4,000, y es probable que siga en alza. Los compradores principales son los bancos centrales. Mientras Estados Unidos es el país que más reservas de oro tiene, China, India, Polonia y Turquía son los que más oro han acumulado en los últimos 5 años.

Sin embargo, la seguridad que proporciona el oro en los países de destino es inversamente proporcional a la inseguridad que genera en los lugares de extracción. En estos espacios hay poca presencia del Estado: servicios públicos ausentes o de mala calidad. A lo que se suma la escasa investigación, la base necesaria para establecer políticas públicas. Así tenemos que el Estado, al dejar de cumplir su función, expone a los defensores ambientales en una batalla desigual frente a organizaciones criminales.

El nivel de violencia que se vive en las comunidades lo padecen en su propio cuerpo las y los defensores ambientales, y los niños internalizan la incertidumbre permanente con que viven sus padres. Los niños necesitan rutinas; les dan seguridad. Así, cuando les narramos un cuento nos corrigen si hemos cambiado alguna palabra o nos hemos olvidado de algo. Tiene que estar todo en su lugar. Un cambio de orden altera su seguridad. Por eso, los niños son muy sensibles a los cambios: desorientan su mundo.

Nos preguntamos: ¿qué sienten los niños cuando sus padres, defensores ambientales, no pueden mantener los horarios y las rutinas, cuando tienen que desaparecer de casa, cuando los ven molestos y enfadados o de mal humor por los problemas que enfrentan? Un niño es un termómetro del miedo en la comunidad. Estamos, pues, ante un problema de salud mental de gran envergadura, algo que no solemos pensar cuando hablamos de los defensores ambientales.

Poco después de su primera conversación con el niño, la hermana jugaba con él y unos primitos. Luego de varios juegos, se le ocurrió enseñarles la ronda infantil “Mata titirulá títulá”, donde se juega a elegir oficios que a los niños les gustaría hacer. Pero el niño se asustó: “¿A quién van a matar?”, le preguntó.

Cuán importante es generar un espacio de confianza para que los niños expresen lo que les preocupa, lo que no comprenden; al mismo tiempo, necesitan saber que serán cuidados y protegidos. La familia juega un papel fundamental, pero cuando esta enfrenta amenazas e incertidumbre surge la pregunta: ¿quiénes pueden caminar con ellos y acompañarlos para ayudarles a procesar lo que viven?

Lo nuestro, como Iglesia, es ser presencia de Dios que anima cuando parece cerrarse el horizonte. Cuando la injusticia y la impunidad campean, debemos ser presencia profética, como lo expresa Isaías 41,10: “No temas, pues yo estoy contigo; no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios; yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra te he sostenido”.

Sin embargo, es responsabilidad del Estado proteger a los más vulnerables, con una presencia permanente en los lugares apartados donde existe la minería ilegal, con servicios básicos, escuelas en buen estado, profesores que cumplen sus horarios, centros de salud que atienden también la salud mental, espacios para la participación y fiscalización ciudadana. Solo recuperando para los ciudadanos los territorios que han sido abandonados a la ilegalidad y al crimen organizado se puede, poco a poco, devolverles la niñez a ese niño y a centenares como él.

Monseñor Miguel Angel 06-12

Detrás del oro, el miedo de un niño, por Monseñor Miguel Ángel Cadenas

Desde fines del siglo pasado hemos tenido presidentes de la república que han defraudado y traicionado el voto popular, la mayoría de ellos se encuentran recluidos en la cárcel y otros procesados por actos de corrupción, tratando de victimizarse con el discurso que son perseguidos políticos. Pero eso no queda ahí, muchos de los aspirantes a sentarse en el sillón de Pizarro se encuentran igualmente procesados por delitos de corrupción. En este grave y peligroso panorama político igualmente tenemos gobernadores regionales y alcaldes en la misma situación.

<blockquote class="wp-block-quote">PUEDES VER: <a href="https://larepublica.pe/opinion/2025/12/04/regimen-consuma-golpe-contra-el-ministerio-publico-editorial-228436">EDITORIAL | Régimen consuma golpe contra el Ministerio Público</a></blockquote>

Por otro lado, el Gobierno, el Congreso de las República y las principales instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Instituto Nacional Penitenciario, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el mismo Tribunal Constitucional que deben cautelar la vigencia del Estado de derecho, la lucha contra el delito, la justicia y la vigencia de los derechos ciudadanos se encuentran cuestionados y en aguda crisis.

En las calles reinan los sicarios, extorsionadores, los ladrones callejeros y violadores; mientras que en zonas de la sierra y selva dominan los taladores ilegales de madera, los narcotraficantes y mineros ilegales (que debemos diferenciarlos de los mineros artesanales o informales), es decir el hampa domina el Estado y su territorio, el crimen ha desplazado a la ley dentro del Estado y también geográficamente, lo ilícito está dominando y depredando nuestros recursos naturales y convirtiéndonos en un país inviable. Un panorama muy oscuro y casi apocalíptico que sufre nuestra patria.

A grandes males, grandes remedios, reza el dicho popular. Ante esta situación caótica política y socialmente es imprescindible que el pueblo peruano recupere a un país tomado por la mafia y lo puede hacer en las calles con protestas contundentes y con ciudadanos comprometidos; pero lo más importante es votando bien, pensando en el Perú, en las próximas elecciones generales de abril del 2026. Para decidir bien, se debe hacer un análisis de simple lógica, si a alguien que tiene el poder y ha gobernado mal, perjudicando a más de 33 millones de peruanos, ¿podría dársele nuevamente las riendas o el timón de este barco que se llama Perú?, obviamente no.

Consecuentemente, los partidos que tienen representación en el Congreso y que han estado en el gobierno deberían ser sancionados en las ánforas y eso se hace no votando por ellos en las elecciones generales de abril del 2026. Apoyar a quienes están en el poder y que los fiscales refieren que son organizaciones criminales sería darles más poder a quienes están ocasionando graves daños. A continuación, hay que analizar y ver bien quienes postulan en los partidos nuevos porque varios son topos de quienes se encuentran en el Congreso y en el Gobierno, de tal manera que tenemos los peruanos esas dos tareas que haciéndolas eficientemente podemos recuperar al Perú de las garras de las mafias.

La única manera que los ahora dictadores de turno puedan conseguir respaldo es comprando el voto. En efecto, hemos visto que muchos de la llamada derecha bruta y achorada ya están caminando por los cerros y otros sectores populares llevando regalos, becas, puestos de trabajo o engañando con falsas promesas, lo cual lo hacen por pura conveniencia y no porque estén comprometidos para atender las necesidades de la gente más humilde y pobre, al contrario, se aprovechan de la buena fe de estos sectores de peruanos. Los regalos y falsas promesas van a desaparecer pronto y no van a resolver los serios problemas en la inseguridad ciudadana, educación, salud, carreteras, alimentación, por eso no hay que caer en la trampa.

En esta situación de involución que nos ha robado el Estado de derecho y que ocasiona mucho retraso, es tarea pendiente y urgente de los peruanos decidir y votar bien, caso contrario nos vamos a seguir hundiendo en el lodo en el que estamos y que solo sobrevivimos por nuestros ricos recursos naturales y por la gente que se saca el ancho para llevar adelante a sus familias. Utilicemos las redes sociales y las calles para que todos los peruanos colaboren y hagan fuerza para arrancar a nuestra patria de la maraña corrupta y delincuencial en la que ha caído. Tenemos que revertir esta situación, recuperar el imperio de la ley, la democracia y los valores sin los cuales no podremos conseguir que los peruanos vivamos mejor y con un futuro alentador.

Desde el 22 de octubre, Lima y Callao están en estado de emergencia durante 30 días, según el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, impulsado para enfrentar el aumento de la criminalidad.

El crimen ha desplazado a la ley en el Perú, por Yonhy Lescano Ancieta

El Perú está muy lejos de estar a la altura de cumplir su compromiso climático. Desde que se firmó el Acuerdo de París en el 2015, el Perú se ha comprometido a reducir 40% de sus emisiones para el 2030.

Sin embargo, la participación del Estado peruano en la COP 30 se da en un escenario de crisis política, de pérdida casi absoluta de la democracia, vulneración de los derechos humanos individuales y colectivos, y de una representación ilegítima de los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que han sido copados por la representación de partidos políticos que manejan el Parlamento y que están al servicio y/o promueven el afianzamiento de mafias organizadas en todos los niveles de la sociedad peruana,&nbsp;los cuales&nbsp;se expresan en el manejo de la política económica, la expansión desmedida del extractivismo y la reducción de la institucionalidad ambiental. La desregulación ambiental se ha convertido en una amenaza real para los derechos humanos colectivos e individuales, así como para los derechos de los territorios y de los pueblos que viven en ellos.

En este escenario, desde los propios territorios, las organizaciones sociales son conscientes de que no se puede impulsar la acción climática en un Estado capturado por el crimen a través de un pacto congresal que controla la institucionalidad en el Perú, porque es contrario a todos los principios que deben guiar el compromiso climático del país. Desde los territorios se ha impulsado una agenda nacional ambiental y climática en un proceso denominado&nbsp;La Ruta de los Pueblos, que ha reunido entre abril y octubre de este año a más de 300 dirigentes y dirigentas sociales en audiencias macroregionales y una gran audiencia nacional.

En esta agenda demandan justicia ambiental, climática y de género frente al avance del extractivismo minero, petrolero y agroindustrial que amenaza las cuencas, los bosques y los cuerpos de las mujeres. Exigen el reconocimiento del agua como derecho humano y bien común, la protección de las cabeceras de cuenca, la soberanía alimentaria basada en la agricultura familiar y la agroecología, y la suspensión de los transgénicos y monocultivos.

Asimismo, reclaman una transición energética justa, popular y comunitaria, con cierre de proyectos de hidrocarburos en la Amazonía y el mar de Grau, rechazando el “capitalismo verde” que expande la extracción de minerales críticos. Piden la ratificación del Acuerdo de Escazú y el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas, la implementación de un plan nacional de remediación de pasivos ambientales y atención a poblaciones afectadas por metales pesados, y una reforma institucional que fortalezca el Ministerio del Ambiente.

Finalmente, llaman a una refundación del Estado a través de una Constitución ecológica, antipatriarcal, plurinacional y decolonial que reconozca a la naturaleza y a los territorios como sujetos de derecho.

* Coordinador de Incidencia Política del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC).

El documento final de la COP30 no hace ninguna referencia a los combustibles fósiles. Foto. UNFCCC

Cop 30: El crimen y la incapacidad para cumplir con sus compromisos climáticos, por Henry Córdova Bran

Pedro P. Grández Castro, profesor universitario - constitucionalista

Los hechos de las últimas semanas son alarmantes para la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Público. El pasado 4 de noviembre, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió un proceso disciplinario contra el juez John Paredes, del Tercer Juzgado Constitucional, imputándole haber incurrido en “faltas muy graves” que podrían llevar a su destitución. Los hechos se relacionan con su actuación en un proceso de amparo sobre la designación del defensor del pueblo por parte del Congreso, en el que se exigía mayor transparencia y se invocaba el derecho a la igualdad en el acceso a los cargos públicos. Sin embargo, el Congreso de la República articuló un proceso competencial ante el Tribunal Constitucional contra el amparo en trámite y obtuvo una sentencia favorable que concluyó en el archivo del proceso de amparo.

La JNJ reabre este caso —luego de más de dos años— en el contexto de un nuevo proceso de amparo en el que el juez Paredes, atendiendo una demanda por violación de derechos políticos, ordenó esta vez al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que inscribiera a una organización política que, habiendo cumplido con los requisitos legales, estaba quedando fuera del proceso electoral del 2026.

Relacionado con el caso anterior, el pasado 5 de noviembre el procurador público del JNE denunció ante la Fiscalía a los tres integrantes de la Primera Sala Constitucional de Lima, ante la cual se venía tramitando el proceso de amparo aludido. También en este caso, luego de que el juez Paredes ordenara mediante medida cautelar la inscripción de la agrupación política en cuestión, el procurador del JNE acudió al Tribunal Constitucional y logró que se dispusiera la suspensión del trámite del amparo, sosteniendo que el Poder Judicial habría interferido en competencias propias del JNE. Lo cierto, sin embargo, es que la Sala denunciada solo había asumido competencia y no se había pronunciado todavía sobre el fondo; aun así, el procurador del Estado —dependiente del Poder Ejecutivo— denunció a los jueces ante la Fiscalía.

Mención aparte merece el caso de la fiscal de la Nación Delia Espinoza. En su caso, la orden judicial ha sido clara: ella debe retornar al ejercicio de sus funciones como fiscal de la Nación. El juez constitucional Torres Tasso ha insistido exigiendo el cumplimiento del mandato judicial, pero la JNJ no solo se ha mostrado renuente a cumplirlo, sino que además optó por denunciar al juez que emitió la medida cautelar ante la fiscalía por supuestos delitos de prevaricato y abuso de autoridad. Diversas instituciones de la sociedad civil se han pronunciado al respecto. El Colegio de Abogados de Lima ha exhortado a la JNJ a “respetar las decisiones judiciales, como muestra de ejemplo para los ciudadanos que exigen justicia en el sistema judicial”.

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) ha denunciado la instrumentalización del proceso competencial contra decisiones judiciales. Según su comunicado del 25 de noviembre: “la JNJ incurre en violación directa de los principios de independencia judicial y separación de poderes, pues interpone un proceso competencial con el fin de evitar el cumplimiento de dicha decisión, interfiriendo arbitrariamente en un proceso judicial en trámite, a pesar de que lo prohíbe el artículo 139.2 de la Constitución”.

Por otro lado, la situación de la autonomía del Ministerio Público es de especial preocupación. El 25 de noviembre, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre una denuncia constitucional que recomienda inhabilitar por diez años en el ejercicio de la función pública a la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela. En ese mismo informe se incluía también a otros tres fiscales supremos, para quienes, al parecer, por ahora se trataría sólo de una advertencia. Diversas organizaciones de protección de los derechos humanos —entre ellas la Fundación para el Debido Proceso— emitieron un pronunciamiento denunciando “el uso abiertamente instrumental del sistema de control político para someter, esta vez, al Ministerio Público, y el alto riesgo que ello puede significar para la lucha contra el crimen organizado afianzado dentro de los poderes políticos, e incluso para la integridad de las elecciones generales que se realizarán en el país en abril de 2026”.

En medio del creciente acoso e interferencias a las instituciones de justicia, la semana pasada dos expresidentes fueron sentenciados en primera instancia por el Poder Judicial. Si bien se trata de dos casos con claras diferencias —Castillo, procesado por un golpe frustrado o “imposible”, según varios especialistas; y Vizcarra, condenado por hechos de corrupción anteriores a su corto periodo presidencial—, en ambos casos la justicia se presenta como un espacio fundamental para la propia posibilidad del sistema democrático. Sin un sistema de justicia riguroso e independiente, los casos más emblemáticos de lucha contra la corrupción del poder pueden también merecer el reparo y la duda de la ciudadanía. Quienes hoy, desde el poder, acosan e impiden a las instituciones de justicia actuar con plena autonomía e independencia, están jugando un juego perverso para el futuro de la gobernabilidad.

En un país donde el Poder Judicial o el Ministerio Público sean percibidos por la ciudadanía como instituciones sometidas a intereses de poderes explícitos u ocultos, la consecuencia lógica es, primero, la desconfianza y, luego, el desprecio y la anarquía. Sin independencia judicial y sin plena autonomía del Ministerio Público para perseguir el delito conforme a la ley, no es posible la democracia como forma de gobierno civilizado y pacífico.

Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema de Justicia

Riesgo y relevancia de la independencia judicial, por Pedro Grandez

(*) Abogado, magíster, profesor universitario, excongresista de la República.

Desde fines del siglo pasado hemos tenido presidentes de la República que han defraudado y traicionado el voto popular; la mayoría de ellos se encuentra recluida en la cárcel y otros procesados por actos de corrupción, tratando de victimizarse con el discurso de que son perseguidos políticos. Pero eso no queda ahí: muchos de los aspirantes a sentarse en el sillón de Pizarro se encuentran igualmente procesados por delitos de corrupción. En este grave y peligroso panorama político, igualmente tenemos gobernadores regionales y alcaldes en la misma situación.

Por otro lado, el Gobierno, el Congreso de la República y las principales instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Instituto Nacional Penitenciario, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el mismo Tribunal Constitucional, que deben cautelar la vigencia del Estado de derecho, la lucha contra el delito, la justicia y la vigencia de los derechos ciudadanos, se encuentran cuestionados y en aguda crisis.

En las calles reinan los sicarios, extorsionadores, los ladrones callejeros y violadores; mientras que en zonas de la sierra y selva dominan los taladores ilegales de madera, los narcotraficantes y mineros ilegales (que debemos diferenciarlos de los mineros artesanales o informales). Es decir, el hampa domina el Estado y su territorio: el crimen ha desplazado a la ley dentro del Estado y también geográficamente. Lo ilícito está dominando y depredando nuestros recursos naturales y convirtiéndonos en un país inviable. Un panorama muy oscuro y casi apocalíptico que sufre nuestra patria.

A grandes males, grandes remedios, reza el dicho popular. Ante esta situación caótica, política y socialmente, es imprescindible que el pueblo peruano recupere un país tomado por la mafia, y lo puede hacer en las calles con protestas contundentes y con ciudadanos comprometidos; pero lo más importante es votando bien, pensando en el Perú, en las próximas elecciones generales de abril del 2026. Para decidir bien, se debe hacer un análisis de simple lógica: si a alguien que tiene el poder y ha gobernado mal, perjudicando a más de 33 millones de peruanos, ¿podría dársele nuevamente las riendas o el timón de este barco que se llama Perú? Obviamente no. Consecuentemente, los partidos que tienen representación en el Congreso y que han estado en el gobierno deberían ser sancionados en las ánforas, y eso se hace no votando por ellos en las elecciones generales de abril del 2026.

Apoyar a quienes están en el poder y que los fiscales refieren que son organizaciones criminales sería darles más poder a quienes están ocasionando graves daños. A continuación, hay que analizar y ver bien quiénes postulan en los partidos nuevos, porque varios son topos de quienes se encuentran en el Congreso y en el Gobierno. De tal manera que los peruanos tenemos esas dos tareas que, haciéndolas eficientemente, pueden recuperar al Perú de las garras de las mafias.

La única manera en que los ahora dictadores de turno puedan conseguir respaldo es comprando el voto. En efecto, hemos visto que muchos de la llamada derecha bruta y achorada ya están caminando por los cerros y otros sectores populares llevando regalos, becas, puestos de trabajo o engañando con falsas promesas, lo cual hacen por pura conveniencia y no porque estén comprometidos a atender las necesidades de la gente más humilde y pobre; al contrario, se aprovechan de la buena fe de estos sectores de peruanos. Los regalos y falsas promesas van a desaparecer pronto y no van a resolver los serios problemas de inseguridad ciudadana, educación, salud, carreteras y alimentación; por eso no hay que caer en la trampa.

En esta situación de involución que nos ha robado el Estado de derecho y que ocasiona mucho retraso, es tarea pendiente y urgente de los peruanos decidir y votar bien; caso contrario, nos vamos a seguir hundiendo en el lodo en el que estamos y del que solo sobrevivimos por nuestros ricos recursos naturales y por la gente que se saca el ancho para llevar adelante a sus familias. Utilicemos las redes sociales y las calles para que todos los peruanos colaboren y hagan fuerza para arrancar a nuestra patria de la maraña corrupta y delincuencial en la que ha caído. Tenemos que revertir esta situación, recuperar el imperio de la ley, la democracia y los valores, sin los cuales no podremos conseguir que los peruanos vivamos mejor y con un futuro alentador.

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