La franja forzada, por César Azabache Caracciolo

El gobierno quiere forzar la difusión de contenidos en materia de seguridad interior usando una suerte de banda de publicidad obligatoria. Hablamos de propaganda gratuita.

Forzar la colocación de algo como esto en materia de seguridad representa una confesión involuntaria de la pésima calidad de los productos que en esta área pretende exhibir el gobierno. Hasta ahora, después de la salida del señor Santivañez, el gobierno sigue sin tener nada que exhibir y no tiene idea de cómo elaborar al menos un estándar de información responsable sobre lo que está ocurriendo. La insistencia en anunciar estados de emergencia, compras de motocicletas nuevas si hay algo de suerte, redadas, detenidos y no siempre casos legales exitosos (aunque la culpa siempre será atribuida a otros) no puede competir con la permanente confirmación de la forma en que se incrementan las espirales de muerte que imponen la extorsión y el sicariato.

Para competir con el avance de la muerte se requiere políticas públicas, no cámaras forzadas registrando eventos acumulados sin objetivos medibles. Se difunde lo que se logra, no lo que se improvisa para generar falsas apariencias.

La política de seguridad interior, que este gobierno no tiene, necesita antes que nada información en limpio y no un glosario de cifras alteradas y falsas acciones de impacto. Reunir y hacer pública esa información sin forzar a nadie a recibirla es la primera tarea que debemos exigir al nuevo Ministro del Interior.

Aquí 8 ejes temáticos:

1. Lima tiene algo más de 10 millones de habitantes. Trujillo, Chiclayo y Piura, cada una, arriba o abajo de un millón ¿Cuántas personas integran agrupaciones dedicadas a la extorsión y al sicariato en estas zonas? A estas alturas nos sirven poco los nombres inventados a media noche. No más “injertos de…” ni “malditos de….”. Comencemos a tomar este asunto con más seriedad: Comencemos estimando cuántos criminales están organizados por cada 10 o 100 mil habitantes, según corresponda a cada lugar. Identificarlos, diferenciarlos y aislarlos es un objetivo que no debemos perder de vista, porque la invisibilidad juega a favor de la expansión del terror.

Después de todo no pueden ser más que nosotros ¿verdad?

2. La criminalidad violenta dispone de armas y municiones ¿Cuál es el tamaño del mercado clandestino de armas y explosivos en las zonas de influencia del crimen violento? ¿Cómo se alimenta este mercado? y ¿Cómo se planea intervenir en él?

Sin armas no hay crímenes violentos ¿verdad?

3. Una de las diferencias más importantes entre el terrorismo de los 80’ y esta violencia está en la función que cumple el dinero. El terrorismo de los 80’ se financiaba, sin duda. Pero la extorsión y el sicariato se organizan directamente para acumular dinero y hacer de esa acumulación un negocio rentable.

La rentabilidad del dinero de origen ilegal se obtiene lavándolo. Entonces es momento de tener una política clara de lucha contra el lavado de activos. El verdadero lavado de activos: no esa aglomeración de casos borrosos que acumulan muchas de las oficinas de la policía y de las fiscalías por esa pésima costumbre que mantenemos que consiste en creer que en esta área se puede avanzar pescando a ciegas entre denuncias de particulares.

Aquí es necesario desenganchar al sistema de las denuncias de particulares y generar objetivos de persecución pública propia en base al trabajo de grupos de inteligencia que penetren el mercado de fondos clandestinos que se organiza desde las extorsiones y el sicariato hasta asfixiar este negocio.

4. Es un pésimo momento para reformar a ciegas las reglas sobre extinción de dominio. Probablemente el sistema organizado alrededor de esta ley esté en algo distraído, como parece estarlo el de lavado de activos. Aquí, como en lavado, lo urgente es ajustar la puntería a partir de planes de trabajo organizados sobre la base de información de inteligencia analizada profesionalmente.

5. Las últimas discusiones entre el gobierno y la fiscalía han puesto en evidencia el enorme desorden que tenemos en el registro de detenciones policiales. Comencemos notando que la incidencia de estas cifras sobre la criminalidad violenta es mínima. El problema es otro: Tenemos cámaras apostadas en una cantidad importante de calles, negocios y edificios, pero no tenemos sistemas policiales de intervención rápida. Entonces filmamos crimines violentos sin tener quien impida que los autores huyen de la escena.

Unificar las cifras de detenciones es importante. Pero contar con equipos de reacción rápida es más importante aun. Si queremos trabajar sobre la flagrancia es ahí donde está el problema.

6. Unificar las cifras también es importante. Debemos separar las intervenciones policiales de simple vigilancia (personas sin identificación o alcoholizadas, por ejemplo), que son un resultado en sí mismo, de los muy serios casos de violencia doméstica y de barrio que generan víctimas concretas que merecen protección y visibilidad. Y tenemos que hacer esto antes que estos casos se mezclen con los casos más graves de criminalidad violenta.

7. Cada mes salen de las cárceles peruanas casi 1,200 personas e ingresan 1,500. Nuestras cárceles tienen espacio para 40 mil personas y tienen 98 mil. En los últimos dos años hay en prisión casi 10 mil personas más que antes. Y aquí no se ha inaugurado un penal desde febrero el 2017.

La ley sobre grilletes electrónicos, una herramienta de vigilancia usual en el exterior, lleva 15 años se espera sin resultados.

8. Sin duda muchas de las personas que salen de las cáceles merecen ser libres. Pero, sin caer en el acoso, ¿qué planes de acompañamiento o vigilancia nos permitan diferenciar a los inocentes de los que salen para volver al crimen?

Enfoquémonos: La violencia debe ser enfrentada ahora mismo.

No tenemos espacio para más distracciones.