Censura a Santiváñez fractura a la alianza gobernante

Sin ningún tipo de miramiento por la ciudadanía que pide a gritos un cambio de estrategia frente a la delincuencia y el crimen organizado, los principales responsables del Gobierno en el Perú, en vez de reunir los votos necesarios para lograrlo, han evidenciado una notable fractura en su pacto de durabilidad en el poder.

La alianza que ya todos los peruanos reconocen, conformada por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Vladimir Cerrón, ha reaccionado con diversas acciones sin rumbo claro frente a las acciones políticas que finiquiten la permanencia de Santiváñez en el Mininter.

Por un lado, el fujimorismo y el partido de Rafael López Aliaga han presentado, de forma descoordinada, dos mociones de censura, en vez de unirse a la ya existente incentivada por la congresista Susel Paredes y ayudar a conseguir los 66 votos necesarios para ello.

Mientras ocurre aquello, se han dedicado a respaldar la decisión del gabinete de Gustavo Adrianzén de activar un inútil estado de emergencia que está más que probado por la experiencia reciente que no tiene ningún tipo de impacto significativo en la lucha contra la criminalidad y que afecta más a los ciudadanos que a los propios delincuentes.

Por otro lado, en un acto de desprecio absoluto por los peruanos que sufren dicho aumento de la violencia, extorsiones y asesinatos, los partidos de César Acuña, APP, y el del prófugo Vladimir Cerrón, Perú Libre, han brillado por su ensordecedor silencio.

Todo lo anterior revela algo claro: por primera vez desde que se inició el Gobierno de Dina Boluarte, la alianza gobernante no sabe qué hacer. El desconcierto es tangible al escuchar sus intervenciones públicas, las de sus voceros y las de sus líderes, que empiezan a romper la cohesión de su pacto.

Además, esta situación evidencia otro tema. El costo que significa la salida de Santiváñez para la sostenibilidad del gobierno. Boluarte sabe que una vez que haya convocado oficialmente a las elecciones generales del 2026 el próximo 12 de abril dejará de ser útil para sus aliados y quedará expuesta a la acción de los fiscales. Por eso se aferra al actual Ministro del Interior, pieza fundamental en la estrategia de presión sobre el Ministerio Público en busca de evadir su responsabilidad.