Regulaciones que sí salvan vidas, por Miguel Palomino

La semana pasada ocurrió un terrible accidente en Trujillo, donde un techo se derrumbó dejando seis personas fallecidas y decenas más heridas. Días antes, en otro accidente, se derrumbó un puente en Chancay, dejando a tres personas fallecidas y también a decenas heridas. Podríamos seguir así, enumerando los accidentes sucedidos (demasiados) y el lamentable saldo de muertos y heridos que van dejando en el país.

Al ocurrir estos accidentes lo primero que generalmente se discute es: ¿quién tiene la culpa? Esto podrá ser esencial para saber a quién se hace responsable, lo entendemos, pero igualmente importante es la pregunta ¿cómo nos aseguramos de que esto no vuelva a suceder? El objetivo de esta segunda pregunta no es tratar de obviar a los responsables (ya la empresa ha asumido plenamente su responsabilidad), sino evitar, en lo posible, futuras tragedias. Prevenir los accidentes a futuro es lo que más bienestar generaría a la sociedad.

Claro que castigar a los responsables es uno de los caminos para crear un adecuado precedente y así evitar que vuelvan a ocurrir hechos parecidos, pero se puede ir a la base del problema. Es cuestión de identificar qué actividades se quieren regular, por qué se busca regularlas, qué incentivos existen en las partes interesadas y cuáles son las instituciones más competentes para actuar de regulador. Sobre esto vamos a tratar a grandes rasgos en esta columna.

¿Por qué es que regulamos diversas construcciones? Comencemos por pensar en una vivienda particular, ¿por qué debe ser regulada su construcción? Para salvaguardar la integridad de quienes habiten o visiten esa casa y porque de caerse puede hacer daño a los vecinos o a transeúntes. Cuando se trata de la construcción de espacios que van a servir al público, por ejemplo, un techo de un patio de comidas o un puente sobre un río, es claro que su construcción sí es de la incumbencia de la comunidad.

¿Por qué alguien que construye una obra tendría incentivos para no hacerlo bien? La respuesta obvia es: para ahorrarse dinero. Una manera de abaratar una obra es hacerla sin la seguridad suficiente. ¿Pero cuánto es “suficiente”? Si para hacer un techo tengo que hacerlo con la resistencia de un bunker antinuclear o si para hacer un puente tengo que asegurar que pueda resistir el paso de camiones mineros de cuatrocientas toneladas de capacidad, el presupuesto de construcción será más elevado que si debo construir un techo que soporte un sismo de grado ocho o un puente que soporte una carga de cien toneladas. Así, alguien tiene que determinar cuánto es “suficiente” para diferentes obras.

Una vez que se determina la “suficiencia”, seguirá existiendo el incentivo para el constructor de ahorrarse dinero al construir. En este punto quiero dejar claro que los incentivos para quien construye la obra son muy distintos que para quien ordena la construcción de la obra. Me explico con un ejemplo. A una empresa que manda construir un techo de un patio de comidas de un centro comercial, no le conviene ahorrarse, digamos (exagerando) tres millones de soles, por hacer el techo más barato, pero más inseguro. La realidad nos ha dejado en claro que el costo para la empresa en caso ese techo inseguro se derrumbe sería largamente mayor que los tres millones de soles que se ahorraría en construcción. Si consideramos además que la empresa tiene veinticinco centros comerciales, los costos de un derrumbe se multiplican.

Quizás lo mismo sea cierto para la empresa constructora (que el negocio que perdería sería mucho mayor que lo que ganaría ahorrando costos) y quizás lo mismo sea cierto para le empresa supervisora de la obra, cuya función es velar porque la constructora no haga uso de sus incentivos para ahorrarse dinero en la construcción. No estoy intentando quitar la responsabilidad a la empresa dueña del centro comercial, sino dejar en claro que las teorías de la conspiración se desvanecen ante un examen mínimo y que existen siempre explicaciones más pedestres y menos fantasiosas.

Llegamos a la discusión de cuáles serían las instituciones más competentes para establecer y verificar el cumplimiento de la regulación respecto a la construcción. Establecer las normas se hace una vez cada varios años y esto se puede fijar a nivel nacional por organismos competentes como el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con la ayuda de, digamos, del Colegio de Ingenieros del Perú.

Más complicado es el decidir respecto a quién hace la verificación. Usualmente, esto se ha dejado en manos de los gobiernos locales, con el argumento de que tienen más cercanía a los problemas. A raíz de las recientes tragedias surgen las voces de siempre que exigen mucha más regulación. Incluso se ha puesto de moda que gobiernos locales cierren centros comerciales por supuestas faltas de cumplimiento que, milagrosamente, fueron descubiertas todas simultáneamente. Se ordenan cierres incluso por fallas menores que sería más adecuado tratar con multas si uno considera que se está afectando no solo al operador sino a miles de empleados, comerciantes y clientes.

Les pregunto a los lectores: ¿creen que si los gobiernos locales hubieran contado con más facultades supervisoras habrían evitado la tragedia?  La respuesta obvia es no. Probablemente lo único que hubiera cambiado es la capacidad de muchos gobiernos locales para extorsionar a sus comerciantes, que fue lo que motivó el cambio de la regulación que hoy quieren deshacer. No debemos dejar que la indignación nos lleve a errores garrafales.

Pensemos cuidadosamente si los gobiernos locales son las instituciones más competentes para labores sofisticadas de verificación. Consideremos que en el Perú las empresas capaces de construir un techo como el que se cayó (¡pero sin que se caiga!), son quizás algunas decenas y que las empresas supervisoras competentes son incluso menos. La verdad es que los gobiernos locales no tienen, por lo menos en la gran mayoría de los casos, el personal idóneo para llevar a cabo la verificación.

Quizás podría pensarse en una verificación por grado de complejidad. Las más sencillas las podrían manejar los municipios (quizás provinciales) y las más complejas estarían sujetas a una fiscalización por un organismo más centralizado que pudiera contar con el personal adecuadamente capacitado. No tiene sentido económico que un municipio tenga en planilla personal especializado para verificar dos o tres obras al año.

Nos parecería que esta verificación (la cual debe incluir el periodo de construcción, no solo el antes y después) la deberían realizar empresas privadas con suficiente experiencia y que tengan bastante en juego como para que tengan los incentivos para realizar una buena supervisión. Los accidentes siempre podrán suceder, pero podemos aspirar a un sistema en el que pasen muchísimo menos seguido.