Prueba de fuego para nuestro Congreso, por Carla Mares

(*) Por Carla Mares, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico e investigadora del CIUP

El Ejecutivo envió con carácter “muy urgente” el proyecto de la nueva Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), y es muy probable que pronto se discuta en el Pleno. ¿Por qué debería debatirse y aprobarse?

La MAPE es una actividad tradicional de nuestra economía, que debe promoverse y protegerse; pero ello -en ningún caso- significa ausencia de normas y estándares para su correcto ejercicio. Esto es aún más imperioso, pues la minería es una actividad de alto riesgo, en la que se pone en juego la salud de todos los peruanos. Por tanto, su ejercicio requiere supervisión y fiscalización, aun cuando se trate de una minería artesanal y de pequeña escala.

Ello pasa por un proceso de formalización, que se ha tentado en nuestro país desde hace más de 20 años. Y la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) no es más que el deseo de algunos de que sea, una vez más, la consumación de una “historia sin fin”; pues, tal como están dadas las reglas de juego, es el escenario ideal para que los mineros ilegales (que no buscan formalizarse) puedan ejercer su actividad ilícita impunemente, ya que la propia norma los exime de responsabilidad penal.

Este proyecto de ley es perfectible; pero va por el camino correcto y ordena las cosas: 1) da los incentivos que se necesitan, por ejemplo, para celebrar contratos de explotación y de cesión; 2) simplifica trámites administrativos y crea el Sistema Nacional Interoperable de la MAPE; 3) regula aspectos tributarios vinculados con la liquidación de compra; 4) fortalece las competencias de las regiones para supervisar y fiscalizar la MAPE, asignándoles recursos para ello (10% del canon minero y, desde 2026, asignación directa de recursos por parte del MEF); 5) intervención del MINEM, junto con otros organismos del Estado, en coordinación con los Gobiernos Regionales, para dar soluciones conducentes a que la MAPE trabaje cuidando los impactos medioambientales, respetando las normas de seguridad y salud del trabajo y contribuyendo con el crecimiento económico del país; 6) expresa claramente el rechazo frontal a la explotación infantil y plantea una lucha explícita contra la minería ilegal (derogando la norma que la exonera de responsabilidad penal).

Esto es poner las cosas en su sitio, y es una muestra clara de que el Estado busca retomar las funciones que todos esperamos cumpla en concordancia con el mandato constitucional y las expectativas de los ciudadanos.