La gran oportunidad perdida, por Cynthia Cienfuegos

La clase política peruana ha dejado de gobernar hace mucho tiempo para el país. Junto a la desconfianza e indignación de la ciudadanía se suma el panorama de inseguridad ciudadana que ha logrado unificar la indignación social y ha destapado la absoluta ineficiencia del gobierno. Ya no hablamos sólo de una crisis política que afecta la institucionalidad y el equilibrio de poderes, sino de una crisis que vulnera el derecho a la vida. Y, lamentablemente, en un país donde quienes tienen que defender la integridad de su población, la transgreden día a día con leyes nefastas y con discursos (y acciones) de represión, la democracia entra en un estado agonizante.

A propósito de las declaraciones de Fredy Hinojosa, vocero presidencial, sobre llamar “traidores a la patria” a los peruanos y peruanas que protesten en contra del gobierno por la crisis de inseguridad, es importante recordar que la protesta social ha tenido voz propia en medio de este convulsionado tejido político.

Durante el estallido social, a finales de 2022 e inicios de 2023, la protesta se convirtió en la gran oportunidad perdida para generar un verdadero puente de entendimiento y acercamiento entre la clase política y la ciudadanía. Al contrario, fue desacreditada, censurada y reprimida, cobrando la vida de 49 compatriotas por los que aún no hay ninguna responsabilidad política. Esto fue un punto de quiebre del cual el Perú aún no se recupera. Desde entonces, la campaña de deslegitimación del derecho a la protesta ha sido sostenida por un gobierno que ha perdido toda la capacidad de gestionar la indignación, de liderar espacios de escucha y de responder con transparencia y de forma oportuna. Aun así, las movilizaciones ciudadanas para expresar el rechazo desde lo colectivo, lo regional y lo diverso se han mantenido. Hoy, las protestas convocadas por el sector transporte son acaso la única herramienta de cambio para una ciudadanía vulnerable que ha sido excluida e invisibilizada.