El impacto de la migración venezolana: prejuicios y realidades, por Javier Herrera

Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2024, más de 7,7 millones de venezolanos han emigrado fuera de su país, siendo el mayor desplazamiento migratorio del mundo desde un país en tiempos de paz. Con alrededor de un millón y medio de inmigrantes venezolanos, el Perú es, después de Colombia (2,9 millones), el segundo país en el mundo que ha acogido el mayor número de migrantes venezolanos. Ellos representan, en 2023, el 85,7% del total de los extranjeros residentes en el país. Casi una de cada 20 personas (4,4%) residentes en el Perú es venezolana, por lo que el impacto de la migración se deja sentir en muchos ámbitos. Sin embargo, aún no se ha investigado lo suficiente como para evaluar su impacto. Conociendo mejor las características de dicha migración, tendremos pistas sobre sus posibles efectos.

A diferencia de otras migraciones, la masiva migración venezolana se ha concentrado en un lapso muy corto, lo que potencia su impacto sobre la sociedad. Según registros de la Superintendencia Nacional de Migraciones, el 68,1% de los migrantes ingresaron en el período 2018-2019. La llegada de los migrantes no solamente ha sido masiva, sino que además ha estado muy concentrada en pocas ciudades, lo cual magnifica su impacto local tanto sobre el mercado laboral como sobre la presión ejercida en los servicios públicos de educación y salud. Según el Censo 2017, 10 regiones concentraban un total de 97,4% de los migrantes venezolanos, principalmente en Lima y Callao (86,6%). Cifras de la Superintendencia de Migraciones precisan que, en la capital, los venezolanos residen principalmente en los conos (71,6%) y que 10 distritos representan el 60% del total de venezolanos en la capital. Los distritos de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho absorben el 11% y el 8,3%, respectivamente, en donde representan alrededor del 10% del total de la población.

Otra característica es que se trata de una población relativamente joven comparada con la pirámide de edades de los peruanos. El 70,6% de los migrantes tiene entre 15 y 59 años de edad (59,8% en el caso del Perú); es decir, presentan una tasa de dependencia bastante menor que la de la población peruana. Esto significa que la llegada de los venezolanos contribuye a la extensión del bono demográfico (el número de personas en edad de trabajar supera al de los menores y los ancianos). La Encuesta a la Población Venezolana residente en el Perú (Enpove), realizada por el INEI en 2022, revela que la proporción de migrantes venezolanos ocupados es del 72,9% (superior a la peruana en 4,3 puntos), por lo que el número de trabajadores por cada dependiente se ha incrementado en el país. Esto tiene implicancias positivas para los sistemas de pensiones, sean estos formales o informales. Un aspecto notable es que, considerando las ciudades en donde residen los migrantes, una mayor proporción de la población migrante venezolana cuenta con estudios superiores universitarios respecto a la peruana (38,7% versus 22,2%, respectivamente).

Sin embargo, este choque demográfico positivo viene acompañado por varios desafíos importantes. El primero de ellos es garantizar a los inmigrantes venezolanos el acceso a una protección social efectiva (en 2022, el 73% no tiene seguro de salud), así como el acceso a la educación y a una vivienda digna en un contexto en el que esos mismos derechos no están garantizados para toda la población peruana.

Desde la perspectiva de los peruanos, las preocupaciones se han centrado en el posible impacto negativo sobre el empleo, las remuneraciones y las condiciones laborales de los peruanos. Fuera de la esfera económica, otra de las preocupaciones asocia la inmigración venezolana a la creciente inseguridad ciudadana. Los debates alrededor de estos temas han estado marcados por juicios a priori o en casos puntuales ampliamente difundidos en los medios. Por ello, es necesario asentar la discusión en una sólida evidencia empírica de mayor representatividad. La Enpove, conjuntamente con la Enaho, permiten avanzar en algunas pistas sobre el posible impacto en el empleo y los ingresos. Por su parte, los anuarios estadísticos del Ministerio Público y datos de la administración penitenciaria (INPE) aportan valiosa información.

En el ámbito laboral, los trabajadores venezolanos se concentran en menos de 20 ocupaciones que dan cuenta de dos tercios de sus empleos, tanto en el caso de los varones como en el de las mujeres. Se trata esencialmente de empleos en las ramas de servicios y comercio, como asalariados (restaurantes, ventas al por menor, delivery, seguridad, peluquería…). La ausencia de permisos migratorios (35,3%) y de trabajo, la elevada tasa de impuesto a la renta, el no reconocimiento de sus diplomas de estudios superiores (el 97,1% no ha homologado su título universitario) y la discriminación de la cual son objeto (29,6% declara ser discriminado, 38,3% de los cuales en el lugar de trabajo) han inducido a los trabajadores venezolanos a ocupar puestos de trabajo precarizados (el 83,5% son informales), sin ningún tipo de protección o beneficio. La consecuencia es el subempleo profesional, que se traduce en que el 29,2% de profesionales y técnicos venezolanos ocupe puestos en ocupaciones elementales, que no requieren ninguna calificación. Ello implica un potencial productivo aún no aprovechado para el Perú. Todo esto conduce a importantes brechas de remuneraciones. Según nuestras estimaciones, las diferencias brutas entre los ingresos laborales de los venezolanos se sitúan entre 40,3% y 49,1% según se consideren los ingresos promedios o la mediana de ingresos.

En cuanto a la supuesta mayor criminalidad, la presencia de violentas bandas criminales organizadas dedicadas a la trata y la extorsión ha dado gran visibilidad a la delincuencia venezolana. Ello, en cierto modo, ha ocultado el hecho de que, en relación con el total de migrantes, la propensión a cometer delitos es menor que en el caso de los peruanos. De acuerdo al informe “Migración e incidencia delictiva en el Perú” de la OIM, publicado en julio de 2024, la propensión a cometer un delito contra el patrimonio es mucho menor en la población venezolana comparada con la peruana. Así, según el informe, “en abril del 2023, cerca de 32 de cada 100.000 personas venezolanas fueron denunciadas por delitos contra el patrimonio, mientras que 412 de cada 100.000 peruanos fueron denunciados por los mismos delitos”. Por su parte, los datos del INPE citados por el informe señalan que “comparando con la población en general, 95 de cada 100.000 migrantes venezolanos se encuentran internos por delitos vinculados a robo y hurto, mientras que se registran 87 por cada 100.000 peruanos internos por los mismos delitos”. En el caso de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, “6 de cada 100.000 venezolanos presentes en el país se encuentran en el sistema penitenciario por homicidio simple y calificado, a diferencia de los 12 por cada 100.000 peruanos internos por los mismos delitos”.

Aún se necesitan más investigaciones rigurosas para hacer un balance preciso del impacto de la migración venezolana en el Perú, pero los datos existentes, por fragmentarios e incompletos que sean, apuntan a una visión más equilibrada de su presencia en el Perú, muy lejos de los prejuicios imperantes.