Creo que el eje del debate tenido con Omar Cairo se centra en las distintas ideas que tenemos sobre el papel del conflicto y el consenso en el proceso constituyente. Me he esforzado por resaltar que es el conflicto, más específicamente la lucha social, el que impulsa el proceso constituyente. Por eso hablo de proceso, de algo que surge de las entrañas de la sociedad y va tomando cuerpo a partir de la crisis, en nuestro caso, de la crisis orgánica —de Gobierno, régimen y Estado— que vivimos. En ese proceso se construye el poder constituyente, desde abajo, desde el reclamo para poner al país en otra orientación. Mi perspectiva es sociológica, reivindica al Alain Touraine de La voz y la mirada en la visión de que la sociedad es el “movimiento” y me recuerda en esta perspectiva el libro de Bruce Ackerman We the People, sobre el protagonismo del pueblo de los Estados Unidos como poder constituyente a lo largo de su historia constitucional y, ¡ojo!, no solo en su remoto origen en 1787.
La perspectiva de Cairo insiste en los conceptos, los acuerdos y los políticos; pero antes de los hechos y no como parte y consecuencia de ellos. Los conceptos son importantes, ya lo dije, pero no debemos tomarlos como un manual, sino contrastarlos con la realidad cambiante en la que nos movemos. Los acuerdos son necesarios, pero considerarlos una varita mágica responde a una concepción de la política, anclada en el pensamiento liberal, que prioriza los consensos como el camino para alcanzar el orden y la estabilidad de cualquier régimen. Y los políticos, tan venidos a menos entre nosotros, como los grandes actores, cuya inexistencia o debilidad anularía la posibilidad de momento y poder constituyentes.
El ejemplo que cita Cairo, la transición a la democracia de fines de la década de 1970, que llamé por sus consecuencias “transición conservadora” en el libro del mismo que publiqué hace más de 30 años, es excelente para demostrar lo contrario de lo que él señala. Tuve la suerte con mi generación de vivir esas jornadas históricas en primera persona, pero también la oportunidad de hacerlas objeto de investigación algunos años más tarde. En el libro señalado parto por resaltar la causa de la convocatoria a elecciones a una asamblea constituyente por parte del gobierno militar, ya en su “segunda fase” con Morales Bermúdez a la cabeza. Era indudable el deterioro del régimen y su deriva represiva; sin embargo, el detonante de la convocatoria constituyente fue el histórico paro nacional del 19 de julio de 1977 que llevó nueve días más tarde a Morales Bermúdez a la convocatoria a elecciones para la asamblea señalada. Por supuesto que la convocatoria dio pie a todo tipo de conciliábulos entre las fuerzas políticas y de ellas con los militares, llegando a acuerdos parciales que luego se reflejarían en la asamblea; pero fue la lucha social la que llevó a la convocatoria y finalmente a la asamblea, no al revés.
¿Hubo o no un momento constituyente en estas condiciones? Claro que sí, solo que la iniciativa popular para defender los derechos ganados con el velasquismo y poner al país en otra orientación contraria a la contrarreforma de Morales fue cortada por el gobierno militar, tanto vía la represión —casi 5.000 dirigentes sindicales fueron despedidos de sus puestos de trabajo— como por la rápida reacción del régimen convocando a la asamblea constituyente. Desde arriba hubo una mayor capacidad de dirección política, de hegemonía diríamos en términos gramscianos, para señalar una salida, en este caso constituyente a la situación. Las negociaciones posteriores, establecieron una alianza de los militares con los partidos tradicionales, principalmente con el APRA, sellando una salida inclinada a la derecha que controló el resto del proceso hasta instalar la asamblea y aprobar una nueva Constitución, en este caso la carta de 1979.
Esto no es óbice para considerar la importancia de los acuerdos en el proceso constituyente y en los procesos políticos más en general, pero no es la “mesa chica” de la política el origen, sino las grandes luchas sociales que permiten llegar a ella y la posterior capacidad de los actores para establecer el liderazgo y la hegemonía respectivos.
Recupero entonces la idea de proceso, de conflicto y de lucha social; para entender a cabalidad el poder y el momento constituyentes, no como membretes, sino, más bien, como construcciones sociales y políticas de los ciudadanos comunes y corrientes en su cotidianidad y con sus lenguajes, que van mucho más allá de la ignorancia que muchas veces se les quiere achacar.
Al respecto, una nota sobre el uso de las encuestas. Cairo cita dos que devaluarían la visión ciudadana sobre la necesidad de un cambio constitucional. Sin embargo, yo cito una, posterior a las que refiere Cairo y que tiene números diferentes. En el sondeo del IEP de noviembre de 2023, un 48% se manifiesta a favor de reformas a la Constitución vigente y un 40% a favor de una nueva Constitución. Sabemos que toda encuesta es una fotografía del momento, pero creo que es mejor mostrar la última información que tengamos al respecto y no la más conveniente a nuestro argumento.
No me queda, sino señalar que todos estos intercambios y publicaciones de las últimas semanas y meses, incluyendo las más enconadas defensas del desastre constitucional actual perpetrado por el Congreso de la República, no hacen, sino fortalecer mi convicción de que se mantiene el ánimo constituyente en un muy importante número de peruanos y que este volverá a encarnarse en la lucha popular.