¿Podemos imaginar un futuro?, por Marisa Glave

En noviembre de este año, dada la presencia del presidente chino Xi Jinping en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés), se inaugurará el megapuerto de Chancay. Según los anuncios oficiales tendrá, en una primera fase, capacidad para recibir un millón de contenedores al año. El elemento más novedoso es que, dada la profundidad de la costa, a la altura de Chancay, podrán atracar buques con capacidad de transportar 18.000 contenedores, es decir, los buques más grandes del mundo actualmente.

El impacto de la operación de este megapuerto aún no queda claro y la capacidad del Estado peruano de preparar al país y al entorno para aprovecharlo positivamente está lejos de ser la adecuada. A menos de dos meses del plazo establecido, siguen los vacíos legales y la falta de previsión es alarmante.

El alcalde de Chancay ha exigido que se instale en la zona un equipo similar al que tuvieron los Juegos Panamericanos para desarrollar la infraestructura más urgente y así poder tener condiciones básicas que soporten la operación del puerto: desde infraestructura vial hasta la ampliación de servicios de agua y desagüe. Pero a la par, vecinos organizados han expresado su protesta por los posibles impactos negativos para ellos y ellas. Demandan en particular participar en el proceso de planeamiento urbano en curso y que exista transparencia en torno a las obras complementarias, como ferrocarriles, que se planean hacer tanto para vincular el nuevo puerto con el del Callao, como para conectar a zonas mineras. Parte del problema es no solo la poca voluntad de actuar de manera transparente, sino la falta de claridad sobre lo que se debiera desarrollar.

Lo cierto es que la obra está a más del 80% y el Ministerio de Vivienda aún no termina el planeamiento urbano. Como la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible sigue paralizada, en parte, por la falta de reglamentación de algunos de los instrumentos previstos, la especulación del valor del suelo no parece tener control. El valor de los terrenos en el entorno del megapuerto ha crecido significativamente.

¿No sabíamos que esto iba a pasar? Hace por lo menos cinco años el Estado peruano tenía conocimiento de las dimensiones del proyecto, con la entrada de Cosco Shipping Ports. Pero no se hizo nada. Pocos meses antes de la inauguración se quiere “parchar” los vacíos corriendo con regulaciones, inversiones y decisiones, muchas de ellas improvisadas.

¿Cuál es el impacto en el mercado laboral que se prevé tendrá la operación del puerto? ¿Qué inversiones se espera que lleguen a la zona? ¿Cuáles de estas inversiones ya están en la agenda del Gobierno chino? Ninguna de estas preguntas se responde de manera soberana y planificada desde el sector público peruano. Sí, tienen respuestas desde el sector privado, pero a razón de sus intereses, ¿estos guardan sinergia con los intereses nacionales? No hay manera de saberlo sin mínimos de planeamiento desde el sector público. El equipo de la presidenta Boluarte está más preocupado en lavarle la cara –y las manos de sangre– que en potenciar las capacidades de planeamiento de nuestro precario Estado.

José Antonio Ocampo, en un seminario organizado por los 60 años del Instituto de Estudios Peruanos, planteó al auditorio la urgencia de repensar la relación estratégica con China. Reconocer su peso en nuestras economías y buscar un encadenamiento de las inversiones previstas con los intereses estratégicos nacionales, buscando por ejemplo que se potencien actividades económicas desde las que se pueda desarrollar valor agregado, dejando de ser meros proveedores de materias primas. Esto es algo que hubiera sido bueno formara parte de la agenda pública peruana, pero nosotros tenemos una presidenta que no tiene capacidad de mirar más allá de un chifa y una Inca Kola.

Una miopía compartida

Estos días hemos tenido la noticia de la inscripción formal de un nuevo partido político, sumando ya 34 los registros hábiles para participar en el próximo proceso electoral. Si quienes presentaron sus documentos a tiempo ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cumplen con el levantamiento de observaciones de sus expedientes, podríamos llegar a tener 58 organizaciones legalmente autorizadas para competir el 2026.

Una esperaría que con esa diversidad de organizaciones el debate programático y estratégico se enriqueciera, pero no es así. Lo que tenemos es un conjunto de clubes electorales, centrados principalmente en los jales de potenciales candidatos que por “popularidad” logren atraer votos. La construcción de propuestas de desarrollo, de visiones del país que incluyan soluciones a nuestros principales problemas, no ocupa el centro de sus preocupaciones.

Su mirada parece estar enfocada en la realización del pequeño interés –o quizá gran interés– del dueño del registro. Hasta ahora lo que vemos de la política está reducida a la componenda y la negociación de los micro intereses. No se vislumbran proyectos con capacidad de agregación, de generación de propuestas que nos permitan construir un futuro común en mejores condiciones.

Atrapados en el presente de la crisis permanente, en el cortísimo plazo de los arreglos bajo la mesa, las grandes decisiones sobre nuestro futuro se nos escapan. Están en manos de grandes inversionistas o de un Estado extranjero que sí tiene una visión estratégica con base en los intereses de su país a ser desarrollados en toda nuestra región, donde el puerto de Chancay cumple un rol importante.

¿Lograremos desarrollar una buena capacidad de negociación? ¿Podremos construir nuestra propia visión de un futuro para todas y todos? Si nuestra clase política sigue como hasta ahora, otra vez las oportunidades pasarán de largo para las grandes mayorías.