Desde el inicio del gobierno de Boluarte, no hubo encuesta de opinión que no recoja una gran desaprobación en contra suya y del Congreso; el entendido es que forman una alianza nada santa bajo la lógica de ‘no perder soga y cabra’ tras la caída de Castillo y las multitudinarias movilizaciones de 2022-2023.
Como se sabe además, no hubo lugar del país al que hayan acudido Boluarte o sus ministros, en el que no sintieran contundente rechazo: desde ser declaradas visitas no gratas, hasta ser confrontados en sus rígidos mítines, sin olvidar los carnavales y desfiles que los han tenido ‘de punto’. La pregunta que cae de madura es cómo así un gobierno en el grado cero de aprobación y tan repudiado en todo el país, no enfrenta una clara oposición política. Es obvio que tal oposición no vendrá de quienes, pese a las manos ensangrentadas y enjoyadas de la Presidenta, mantienen con ella un nefasto pacto de connivencia.
Aún es tiempo de constituir, desde la política, una oposición que se aúne al rechazo social y lo potencie. Las señales son claras, los llamados urgentes. El viernes 19 último bajo una convocatoria amplia de la CGTP, miles marcharon en Cusco, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca y Lima; en la capital las organizaciones sindicales, barriales, de defensa del agua y partidos políticos, lograron sumar al menos 10 mil personas. Como en diciembre de 2022-enero de 2023, la salida democrática a la crisis la propone la calle. Es la antesala de las protestas del 27, 28 y 29 de julio próximos, que serán encabezadas por las y los familiares de las víctimas de las masacres de Boluarte y Otárola. A esta justa indignación es necesario sumar organización y articulación política y liderazgos. Más allá de los afanes electorales, lo que la gente busca es que se plante cara a las ofensas, crímenes e ineptitudes de esta dictadura.