Proteger a los niños de la industria tabacalera, por Carmen Barco

Desde hace décadas, el mundo reconoce la magnitud de la tragedia humana y económica causada por el tabaco. La industria tabacalera produce y promueve productos que han sido científicamente probados como adictivos, causantes de enfermedades y muertes, y con otras consecuencias devastadoras para la sociedad, el medio ambiente y la economía.

En el Perú, cada año mueren 22.374 personas y más de 125.000 se enferman debido al tabaquismo. Su impacto en la mortalidad y la calidad de vida es responsable directamente de la pérdida de más de 715.819 años de vida anualmente, además, explica el 22% de todas las muertes en personas mayores de 35 años en el país, según datos del Paquete de Evidencias para la Implementación de Políticas de Control del Tabaquismo, publicado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS, 2020).

El consumo de tabaco genera un costo médico directo anual de 4.241 millones de soles para el sistema de salud (gastos de atención médica y tratamientos en centros de salud y hospitales), lo que representa el 11,7% del gasto total de salud en el Perú. 

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Existen, además, costos indirectos relacionados con la productividad laboral perdida (2.273 millones de soles por discapacidad y muerte prematura) y el costo en el cuidado y la atención familiar de personas afectadas (2.240 millones de soles). En conjunto, estos costos equivalen al 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Por otro lado, la recaudación por impuestos al tabaco es de alrededor de 410 millones de soles anuales, cubriendo apenas el 5% de los costos económicos totales provocados por el tabaquismo en el sistema de salud y la sociedad.

A pesar de estas cifras, la legislación peruana en control del tabaco no ha avanzado desde el año 2010. Existen una serie de vacíos que la industria tabacalera aprovecha, como el solo contemplar algunas restricciones y no la prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco y similares.

Los cigarrillos electrónicos no están regulados, lo que ha llevado a su proliferación y comercialización sin restricciones en todo el país, siendo urgente tomar medidas para controlar estos productos y reducir sus efectos en la salud de las personas, especialmente en niños, adolescentes, jóvenes y no fumadores. Asimismo, nuestra legislación no incluye medidas para proteger la implementación de políticas de salud pública frente a los intereses comerciales de la industria, entre otras medidas.

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A pesar de varios intentos para actualizar la legislación de control del tabaco conforme al Convenio Marco para el Control de Tabaco (CMCT), estos no han tenido éxito. Los proyectos de ley orientados a implementar integralmente este tratado de salud, considerado un tratado de derechos humanos y reconocido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como una herramienta crítica para ayudar en el bienestar para todos en todas las edades y que fue ratificado por el Perú, no lograron ser aprobados, ello pese a haberse demostrado su necesidad, importancia y constitucionalidad, habiéndose identificado una serie de acciones de interferencia y obstaculización. El Estado peruano tiene la obligación de implementar de forma integral las medidas establecidas en el CMCT, todas las cuales están orientadas a proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del tabaquismo.

Este 31 de mayo, como todos los años, se celebra el Día Mundial sin Tabaco. La temática de este año es: “Proteger a los niños de la interferencia de la industria tabacalera”. Durante esta celebración anual, se busca informar a las personas sobre los peligros del consumo de tabaco y las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras. En esta ocasión, el Día Mundial sin Tabaco servirá como plataforma para que los jóvenes de todo el mundo insten a sus gobiernos a protegerlos de las tácticas abusivas de los fabricantes de tabaco. Estas empresas se dirigen a los jóvenes con el objetivo de convertirlos en adictos y lucrar a lo largo de toda su vida.

Esperamos que esta celebración genere conciencia entre todos los ciudadanos, incluidos nuestros legisladores. La protección de la salud debe prevalecer sobre los intereses comerciales de una industria que históricamente ha ocultado los peligros de sus productos.

*Carmen Barco es directora adjunta de Cedro.