La destitución de Patricia Benavides es, sin duda, una buena noticia. Un revés no menor para la mafia que brinda soporte a la coalición conservadora de Gobierno. La goleada 5-0 ha sido sorpresiva para todos y muestra que es claro que la JNJ, como institución, no podía seguir cargando con el descrédito de haber colocado como fiscal de la Nación a Patricia Benavides sin tesis ubicable, con certificado de inglés obtenido en un centro de cosmetología y una evaluación oral penosa. Si la JNJ quiere subsistir como institución, debía dejar atrás el lastre de haber puesto ahí a una operadora política sin ningún mérito para ocupar el cargo.
¿Qué viene en adelante? Esta trama continuará, pero ya en otro ámbito de nuestra escena local se escucha que, en un intento por detener el feroz avance de la pobreza, el régimen, sin un plan específico para abordar este flagelo, prepara una gran ola de proyectos mineros que históricamente se han cobrado muchas vidas. El vicepresidente de Finanzas de Southern Perú, el señor Raúl Jacob, ha sido “traducido” por la matriz mexicana de Southern Copper en relación con sus declaraciones sobre el inicio del proyecto Tía María este año. Es interesante que, desde fuera del país, se quiera poner los paños fríos que los ejecutivos nacionales no parecen valorar pese a los antecedentes que suman 7 muertos entre las protestas de 2011 y 2015. Si vuelven a optar por la prepotencia, Tía María amenaza no con desarrollarse, sino con imponerse probablemente a sangre y fuego, a la luz de las masacres ocurridas los meses fundacionales de este “régimen híbrido” (The Economist, 2022).
Finalmente, durante esta última semana, las calles se han reactivado. Masivas marchas del personal de Essalud solicitando reivindicaciones salariales, diversos sindicatos de docentes, estudiantes (comenzaron los universitarios en Huancavelica), un paro total contra la minería en Ayacucho y, mientras escribo estas líneas, hay protestas contra la presencia del titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, en Carabaya; que enmarcan lo que parece perfilarse como el fin del muy precario equilibrio que les brinda una sociedad desmovilizada a punta de plomo entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Probablemente, los meses que queden para la prohibición de disolución del Congreso antes de elecciones correspondan a su vez al tiempo que le queda a Boluarte en Palacio de Gobierno. Con el reloj ya en contra y sin ningún resultado de gestión concreto, su salida en medio de convulsión social tendrá ruta directa a Barbadillo.
Columnista invitado. Autor de contenidos y de las últimas noticias del diario La República. Experiencia como redactor en varias temáticas y secciones sobre noticias de hoy en Perú y el mundo.