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Opinión

Las contrarreformas en marcha

Ahora quieren también eliminar la meritocracia en el aparato público lograda por Servir.

larepublica.pe
EDITORIAL

Copiando las malas prácticas en el Poder Legislativo, en la Comisión del Trabajo se pretende eliminar el régimen del Servicio Civil, con el que se había logrado introducir a los gerentes públicos formados para garantizar la meritocracia en el aparato del Estado.

Esta es una propuesta que primero plantea derogar la norma, para luego evaluar lo avanzado, con  lo que se pondría punto final a una de las reformas  que procuraban elevar la calidad del servicio público y que tenía en Servir el instrumento para lograrlo.

Se trata de una contrarreforma, otra más, que plantea el Congreso y que ya ha logrado arrasar con otras islas de la meritocracia como la Sunedu, a la que se le ha eliminado su capacidad de evaluar la calidad de la educación superior en el Perú y permitir el retorno de los rectores como juez y parte del sistema universitario.

La exclusión de Servir de la gestión administrativa del Congreso para controlar de esta manera la elección política de los funcionarios parlamentarios ya había sido duramente criticada, porque eliminaba la posibilidad de crear una carrera pública en este poder del Estado.

Este mal ejemplo ahora se pretende extender hacia la administración pública en general, en la que ya se había logrado generar un sentido común a favor del refuerzo del Estado con burócratas capacitados para asumir las funciones respectivas y garantizar la continuidad de las políticas públicas, pese a los vaivenes políticos usuales entre Gobierno y Gobierno. Esta inicial reforma del aparato público tuvo respaldo en su primera etapa. El frenazo para seguir modificando la estructura estatal ha sido producto de varios regímenes que no impulsaron la mejor calificación de los funcionarios públicos y su inclusión en el aparato del Estado.

Ahora ese frenazo se podría convertir en la desaparición de Servir y su reemplazo por una comisión revisora de lo avanzado, que ya actuará como sepulturera de uno de los más ambiciosos proyectos de reforma del Estado, porque el fujimorismo y sus aliados han decidido no dejar piedra sobre piedra.

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