Hace un tiempo desarrollé algunas propuestas que considero necesarias para llevar a cabo una reforma seria del empleo público en nuestro país 1. Para esto, fue necesario analizar los diversos regímenes laborales en el Estado y cómo esto incide en la eficiencia y sostenibilidad de las políticas públicas, una discusión que suelen obviar varios especialistas en el tema. Un craso error, pues nada explica mejor el mal desempeño de la administración pública peruana que echarle un vistazo a las formas de contratación de personas en el sector público.
Si bien no creo que haya una sola fórmula para que tengamos un Estado más ordenado, honesto y eficiente, hay cosas de sentido común a las que deberíamos hacer caso para no continuar en los mismos errores que perjudican sobre todo a la ciudadanía. En ese sentido, resumiré mis propuestas en cinco medidas concretas:
El empleo público involucra derechos y principios, por lo que se debe dejar de lado el enfoque netamente tecnócrata que se le ha venido dando al servicio civil, ya que no solo se trata de captar a los que tienen más grados académicos y certificaciones laborales; también se requiere contar con personal que tenga un perfil ético que i) contribuya a alcanzar los objetivos sociales del Estado, y ii) rechace y se oponga a cualquier forma de corrupción estatal.
Otro aspecto fundamental en este cambio de enfoque es que se deben sincerar las relaciones de trabajo en el Estado, así como respetar los derechos laborales de los servidores civiles. Solo con esto se podría dar paso a una regulación adecuada en el sector estatal que sancione, por ejemplo, el uso desnaturalizado de la contratación temporal, las inequidades salariales, las prácticas antisindicales y los obstáculos a la negociación colectiva.
Cualquier reforma en materia de empleo público debe abordarse de manera abierta y participativa, porque —reitero— involucra derechos laborales y principios éticos. Para esto, se deben generar espacios institucionales de diálogo sociolaboral en materia de empleo público. Uno de estos espacios podría funcionar de forma similar al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, que existe para abordar de forma tripartita y consensuada aspectos del mercado laboral privado.
El espacio que propongo podría tener la estructura de un Consejo Nacional para el Empleo Público, que incluya como partes a los representantes de los trabajadores estatales y de los distintos niveles de gobierno como empleador. Asimismo, sería pertinente que la secretaría técnica de dicho espacio se encuentre a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), pues este cuenta con conocimiento técnico sobre la legislación y política laboral.
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Servir es una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros que se creó en el año 2008 con la finalidad de ordenar los recursos humanos en el Estado 2. Sus 16 años de existencia sin mayores resultados en dicho proceso muestran que su estrategia no ha funcionado para avanzar en la reforma del empleo público. La pregunta es: ¿por qué el Poder Ejecutivo continúa con dicha configuración?
La medida que propongo es la reestructuración de Servir, empezando por adscribirlo al MTPE por tratarse del sector competente en materia de políticas sociolaborales y cumplimiento de convenios internacionales 3. Asimismo, Servir tendría que participar en el Consejo Nacional antes propuesto como un órgano técnico en materia de empleo público, para ayudar a retomar de forma dialogada el proceso de ordenación y unificación de los regímenes laborales en el Estado, el cual hasta el momento ha sido fallido.
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Es necesario que el Congreso amplíe las facultades de fiscalización de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) a todo el ámbito del sector público para evitar la desnaturalización de contratos y la vulneración de derechos laborales y sindicales por parte del Estado como empleador. Lógicamente, una modificación de esta naturaleza debe conllevar el incremento del presupuesto de Sunafil para fortalecer su capacidad inspectiva.
Asimismo, Sunafil también deberá participar en el Consejo Nacional propuesto como un órgano supervisor y operativo que ayude a eliminar los niveles de informalidad laboral en el Estado, con una importante diferencia: la sanción a las entidades públicas no debe girar en torno a la imposición de multas como sucede en el mercado laboral privado, sino en la imposición de sanciones administrativas a los servidores o funcionarios que incumplan la normativa sociolaboral.
Como diría Michael Sandel, una política económica compatible con el modelo democrático no solo debe cuidar el gasto público y el consumo, sino también fomentar la participación ciudadana y la deliberación pública sobre el bien común. Esto significa que la economía debe estar sometida al control democrático para garantizar que las personas puedan ganarse la vida con dignidad y en condiciones adecuadas, acceder a una educación cívica y tener voz en los asuntos laborales y públicos: “La economía debería facultarnos para ser ciudadanos, más que meros consumidores” 4.
Por ello, considero importante asegurar la participación del Ministerio de Economía y Finanzas en el Consejo Nacional propuesto, de manera que en este espacio institucional de concertación se pueda ir estructurando una política de empleo público que aborde temas como el mérito, la ética, la libertad sindical, la negociación colectiva y la política salarial en el sector estatal.
1 Estas propuestas fueron publicadas en el libro Cuaderno de investigación N.º 4. El Perú: problemas y Salidas de Emancipación, 2022, pp. 9-30. https://www.dropbox.com/s/2g2yv4xqdrrc2cb/Cuaderno%20de%20investigaci%C3%B3n%204.pdf?e=1&dl=0
² Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).
3 Una de estas normas es el Convenio 151 de la OIT, Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, ratificado por el Estado peruano en el año 1980.
4 Michael J. Sandel, El descontento democrático. En busca de una filosofía pública, España: Editorial Debate. Primera edición, 2023, p. 30.Algunas propuestas para una verdadera reforma del empleo público.