JNJ y el futuro del Perú, por Irma del Águila

Los deudos de la masacre del 9 de enero de 2023 denuncian en un comunicado (01/03) la maniobra canalla del Congreso de la República que busca “bajarse” a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Saben que con esto se ciernen, más que nunca, la impunidad y la arbitrariedad sobre sus demandas de justicia.

Aldo Vásquez, el vicepresidente de la JNJ que encaró a los congresistas se sabía acompañado por esas “voces lejanas” del Perú: la asociacion de víctimas del 9 de enero en Juliaca, los jueces en Puno o el Colegio de Abogados de Ayacuchoque le expresaron su apoyo. Las voces del sur andino ante las que tantos permanecen indiferentes. La agenda de estos “nadies”  difícilmente se coloca en el centro de la discusión nacional.

En el comunicado del 1 de marzo, los deudos llaman a defender “nuestras instituciones”. Lo que está en juego no es poco, sostienen que la lucha es contra la “justicia sin justicia” que se asienta en el Perú. Los familiares de las víctimas, en realidad cualquier ciudadano y ciudadana que haya tenido el infortunio de reclamar justicia en el Perú, sabe de sobra que instituciones como la JNJ luchan contra la inconducta de jueces y fiscales. En los últimos cinco años la JNJ destituyó, suspendió o amonestó a 288 jueces y fiscales.¿Por qué entonces el Congreso se afana en “bajarse” a la JNJ?

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Por el interés en afianzar esa “justicia sin justicia”, a la medida de los poderes fácticos, formales, informales e ilegales. La foto emblemática del jueves en el Congreso es harto elocuente: el voto irregular del congresista Luna Galvez, miembro de la Comisión permanente -investigadopor presunta “compra de voluntades” en el Consejo Naciona de la Magistratura (CNM) y los aportes de Odebrecht y OAS en las campañas de Solidaridad Nacional-  decidió la “inhabilitación” de Inés Tello. ¿Por qué pues “bajarse” a la JNJ?

En el Perú, donde un 80% de la población económicamente activa vive o sobrevive del trabajo informal e ilegal, se impone una realidad manifiesta: el Estado no norma la vida de los peruanos. O lo hace cada vez en menos ámbitos y momentos de nuestra vida cotidiana. A nuestra ficcion jurídica de “leyes” en el papel se impone la cultura de la transgresión que describía Francisco Durand: llámese fuerza bruta, el poder del dinero o la influencia de las relaciones sociales. ¿Por qué pasar una revisión técnica vehicular o qué impide crear paraderos informales si se puede coimear a la PNP o “conversar” con las autoridades ediles?

Hoy, lo que está en juego no es solo la institucionalidad democrática formal, que no es poco, sino la perspectiva de un estado fallido. Un país-tierra de nadie, con poderes fácticos instalados en territorios privados. De un lado, hubs, islotes de globalidad, custodiados por fuerzas de seguridad y,de otro, el resto del territorio que sobrevive malamente, con creciente inseguridad en las calles y precarios servicios estatales. Como Honduras o Haití.

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Se trata de una crisis integral, nacional (estructural y de coyuntura) pero también global. A lo que se suma el desastrede la pandemia y sus secuelas. El descalabro es hondo y dramático: un millón de peruanos y peruanas tomaron la drástica decisión de migrar al exterior para no volver. La mayoría, menores de 40 años, una ola no vista desde la década de 1980.

A estas adversas circunstancias y poderes fácticos se enfrentan personajes como Inés Tello o Aldo Vásquez. Inés Tello defiende una causa que es más que una causa personal: es un tomar posición por una idea de Perú “con justicia” para los deudos de la matanza en Juliaca y otros tantos peruanos en demanda de justicia. Y por un Perú capaz de ofrecer un futuro posible a los peruanos.