
Es una acción sistemática que ha buscado en estos últimos años paralizar el ejercicio periodístico desde diferentes frentes. La investigación, la denuncia, la opinión y el derecho empresarial que nos asisten han sido afectados por acciones provenientes del poder político, que dirige las riendas del Estado.
En los últimos días, Carlos Tovar, caricaturista de esta casa editorial, al ejercer su libertad de expresión ha sido objeto de amenazas legales por parte de quienes se sienten afectados. Carlín es un intérprete de la realidad nacional que desde la ironía y el humor recrea y cuestiona a políticos y gobernantes.
No es el único caso contra La República. También el editor judicial César Romero fue blanco de espionaje por las investigaciones que él realizaba en la gestión oscura de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Él se enteró de la ilegal intervención cuando esta concluyó y fue notificado.
Contra Rosa María Palacios, columnista en las distintas plataformas de La República, hay un permanente acoso de violentistas, que van a su hogar a insultar, amenazar y amedrentar también a los vecinos, sin que ninguna autoridad ponga un alto. Son grupos como ‘La Resistencia’ que están tutelados por organizaciones políticas con vigencia y representación parlamentaria.
El OSCE, con sus múltiples denuncias y procesos contra La República –que se iniciaron durante el gobierno de Pedro Castillo, pero que se han mantenido igual este último año de Dina Boluarte–, muestra que desde el poder hay persecución y boicot a nuestro medio. Ya hay una decisión judicial que explica claramente que los procedimientos de la OSCE no tienen base legal. Pero se insiste con apelaciones que solo alargan los plazos, en perjuicio del medio.
Como es evidente, no son hechos aislados. La República le es incómoda al poder, como lo son los medios independientes en una democracia. Y no va a dejar de serlo, por los ataques y bajezas contra sus periodistas y la propia empresa. Por ello, en defensa de nuestras libertades repetimos: alto al acoso.





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