Desde 1821, cuando José de San Martín dispuso la primera misa solemne tras la proclamación de la independencia, el Te Deum es el espacio donde la Iglesia traza su opinión sobre el acontecer político nacional ante quien acaba de asumir el gobierno. Doscientos cinco años después, el Cardenal Carlos Castillo Mattasoglio usó ese espacio con la valentía que el momento exigía.
El también arzobispo de Lima fue claro sobre la naturaleza de la crisis. La catástrofe peruana, señalada por la presidenta, Keiko, Fujimori, y hace tan sólo unos días, y contrariamente a las razones que ella esgrimió, tiene distinta naturaleza.
Según el primado del Perú, la catástrofe existe y es de dignidad humana. Y su aseveración se sostiene en que la condición humana hoy está en sumo peligro.
No obstante, fue igualmente claro sobre lo que la reconciliación debe ser. La que el Perú necesita es la que, viendo claramente las injusticias cometidas, sabe hacer justicia restituyendo a la medida de lo posible a todos los perjudicados. Esas palabras, pronunciadas ante la nueva presidenta, son un recordatorio que este diario comparte.
La promesa de nuestra nación integrada por todas las provincias del Perú debe resistir tanta ambición y tantos planes macabros, según el cardenal Castillo. Y amplió la mirada hacia el contexto global en que las personalidades y grupos arrogantes, de mucho dinero y poder, pretenden repartirse el mundo como botín cambiando el mapa mundial, partiendo de las realidades diversas de cada país.
Para quienes han seguido la cobertura que esta casa editorial ha hecho de las leyes procrimen, el asedio a la independencia judicial y el festín fiscal del Congreso saliente, esa descripción tiene un referente preciso para el caso nacional.
Castillo evocó además la constitución vitalicia que Bolívar intentó imponer en 1826 y que duró apenas 49 días porque el pueblo lo impidió, para recordar que el Perú pertenece a todas sus provincias y que la república debe estar al servicio de sus ciudadanos.
Vale aclarar que si bien este diario defiende el laicismo del Estado y no necesita que ninguna institución religiosa valide sus valores democráticos, sí puede reconocer cuando una voz con autoridad moral dice en el momento más incómodo lo que muchos prefieren callar.
La catástrofe tiene nombre. La reconciliación exige justicia. Eso es lo que el nuevo gobierno y su bancada parlamentaria debería tener en ciernes.