Entre mala salud y búsqueda de justicia, por Jennie Dador Tozzini

(*) Secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

En el escenario de violencia e impunidad instalado a lo largo de este año, no solo la vida y las libertades se han degradado, también el derecho universal a la salud, entendida como bienestar físico, mental y social que permite el acceso y goce a otros derechos.

Las movilizaciones ocurridas entre diciembre del 2022 y los primeros meses de 2023 dejaron como saldo centenares de heridos con impacto de balas, perdigones y bombas lacrimógenas. Algunos acudieron a los establecimientos de salud, pero recibieron una atención insuficiente, debido a la deficiente infraestructura, carencia de insumos y de especialistas. Dentro de las personas afectadas, alrededor de 37 son niños y adolescentes, cuyas vidas no volverán a ser las mismas.

Frente a la insuficiencia de recursos y la corrupción, esa que se llevó más de 200.000 peruanos durante la pandemia, el personal de salud habría priorizado la atención de los heridos más graves, ocasionando que varios empeoraran o quedaran con serias secuelas. Adicionalmente, cuando los heridos necesitaron exámenes exhaustivos, como tomografías o consultas especializadas, debían trasladarse a Lima. Pero los heridos no viajan solos. Varias personas fallecieron al no ser trasladadas oportunamente. Ni los heridos ni las comunidades afectadas recibieron atención psicológica.

PUEDES VER: Realizan homenaje a fallecidos en protestas frente al Palacio de Justicia

Cuando la atención médica no satisface los requisitos mínimos de calidad o discrimina por las opiniones políticas o procedencia geográfica, contraviene el trato digno conforme a la condición humana, como sucedió en varios establecimientos de salud. Por ejemplo, en el hospital de Andahuaylas, una mujer impactada por una bomba lacrimógena en la pierna señaló que los médicos no la quisieron atender porque estaba protestando, y cuando por fin la atendieron, solo le pusieron un yeso. Fue solo en un servicio privado donde le dieron la atención médica requerida.

Así, la falta de cuidados médicos y de procedimientos especializados y oportunos, cuando una persona se encuentra bajo custodia del Estado, constituyen violaciones al derecho a la vida que, dependiendo de circunstancias concretas como el lapso transcurrido sin atención, los efectos físicos y mentales acumulativos, entre otros, podría constituir un trato cruel, inhumano y degradante que viola la dignidad humana.

A todo lo mencionado se suma la existencia del inconstitucional artículo 30 de la Ley general de salud, que obliga al personal de salud a denunciar a los heridos de bala, arma blanca u otras violencias, lo que impacta negativamente en la salud de las personas que haciendo uso de su derecho a la protesta participan en las movilizaciones, pues por temor a la denuncia, no acuden a los hospitales e intentan curarse por fuera del sistema, lo que sobrecarga a las mujeres de las familias afectadas. Son ellas quienes deben responsabilizarse del cuidado de los heridos y de sus traslados a los establecimientos de salud de mayor capacidad resolutiva en las capitales, así como de atender a las personas con discapacidad sobreviniente.

PUEDES VER: Paro en Ayacucho: familiares de fallecidos durante protestas contra Boluarte marcharon

Además, son las mujeres quienes actúan como regeneradoras del tejido social comunitario, muchas se convierten en responsables únicas del sustento familiar y del acompañamiento emocional a los otros miembros de las familias impactados por el dolor de las pérdidas y la desarticulación familiar, postergando la atención de sus propios malestares.

En resumen, en el Perú de hoy, salir a protestar te puede costar la vida. Si tuviste algo de suerte y no te ejecutaron, prepárate porque las afectaciones sin atender se agravan con el paso del tiempo. La mala salud y la búsqueda de justicia tomarán tu proyecto de vida.