De Guatemala a Guatepeor, por Rosa María Palacios

El viernes 14 nos preparábamos para asistir al funeral de la JNJ. Una defunción muchas veces anunciada y que parecía impostergable. El Congreso venía embalado después de la jornada del jueves en que atendió los requerimientos de todas las organizaciones criminales con las que tiene vasos comunicantes. A los taladores ilegales, la modificación de la ley forestal legalizando lo depredado. Al crimen organizado, la inoperancia de la colaboración eficaz. A la educación universitaria de pésima calidad, bachilleratos automáticos y docentes sin maestrías. A las cúpulas de los partidos, que venden los cupos presidenciales y parlamentarios, les abolió las PASO y les condonó las multas. Si no favorecieron a narcos y lavadores de activos modificando la ley de extinción de dominio fue porque se toparon con una bajada de dedo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y eso puede explicar mucho de lo que ocurrió el viernes.

Como cualquier abusivo competente conoce, para prevalecer en el abuso, hay que conocer los límites de este. Como el golpeador de mujeres que no deja marca en la cara, el político autoritario sabe que hay un lindero que no puede cruzar, porque de ahí ya no se regresa. Destituir sin causa alguna (suspender a la exfiscal de la Nación es una prerrogativa administrativa disciplinaria exclusiva de la JNJ y eso no puede ser “causa grave” de destitución) y sin plazo razonable al íntegro de miembros que presiden un poder del Estado es mucho. APP y Fuerza Popular recularon no solo por el oficio enviado por la JNJ al Congreso.

A estas alturas es público y notorio que la desesperación de un grupo mayoritario de congresistas, liderado por Renovación, está motivada por el encubrimiento de sus propios crímenes. Jaime Villanueva ha dado nombres. Congresistas que han traficado influencias con él y con Patricia Benavides, vendieron sus votos para canjear el archivo de sus procesos por la inhabilitación fraudulenta (también sin causa) de Zoraida Ávalos. ¿Fue esto tal vez lo que frenó el ataque?

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Sin desdeñar ninguno de los dos factores anteriores, Soto (que no es capaz de actuar por la libre) se ciñó a un libreto urgente que vino de fuera y ejecutó a costa de una amenaza de censura. Lo mismo pasó con la bancada de Fuerza Popular. ¿Qué suscitó este súbito cambio de posición? Consideremos que la reacción que puso fin a la legislatura abruptamente, apenas pasadas las 5 p. m., hasta marzo del 2024, puede deberse a una acción externa y ejemplar para toda Latinoamérica. El pasado lunes 11, el Departamento de Estado de Estados Unidos restringió las visas a cerca de 300 ciudadanos guatemaltecos, entre ellos a más de 100 congresistas. ¿Por qué? “Por socavar la democracia”. Estados Unidos ha “condenado enérgicamente las acciones antidemocráticas del Ministerio Público y otros actores malignos que socavan el Estado de derecho en Guatemala”. Entre otros hechos, se mencionan las órdenes de arresto a trabajadores electorales e intentos de anular los resultados electorales que dieron el triunfo a Bernardo Arévalo.

¿Les suena? Perseguir a entes electorales, a jueces independientes o a los órganos que los nombran, tiene consecuencias personalísimas. Puede parecer un acto imperial, o frívolo si no interesa viajar legalmente a los Estados Unidos, pero a Keiko Fujimori y a César Acuña y sus familiares, les quedó clarísimo. La jornada del jueves y el sacar al padre de la cárcel, violando una sentencia de un tribunal internacional de derechos humanos, son un límite ya sobrepasado. Creer que el Perú es una isla es el mismo error que cometió el fujimorismo en 1992 y en 1998.

La calle está en modo “no quiero saber” y eso favorece la coalición que gobierna, indiferente al primer aniversario de los asesinatos del Ejército en Ayacucho. Pero tanto va el cántaro al agua, que por fin se rompe. Están jugando con fuego dentro y fuera del Perú.

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Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, conoce bien nuestro país. Ha sido embajador de los Estados Unidos en el Perú. Las sanciones contra políticos guatemaltecos no son las primeras. Un mes antes se impusieron contra hondureños por la manipulación en la elección de sus fiscales y, tiempo atrás, contra Venezuela. El caso peruano es un calco de los mismos abusos del poder. ¿Cuál creen que será la respuesta?