Abogada. Excomisionada de la CIDH
María Elena Carbajal tenía veintiséis años en 1996 cuando dio a luz en el Hospital María Auxiliadora de Lima. Cuando pidió ver a su bebé le dijeron que se lo devolverían si aceptaba ser esterilizada ya que era su cuarto hijo. Unos años después los doctores le informaron que su baja producción hormonal se debía a la esterilización, siendo diagnosticada con osteoporosis, artritis y menopausia temprana.
Florentina Loayza vivía en Huancavelica, tenía diecinueve años de edad y un solo hijo. En 1997, acudió al centro de salud en Paucarbamba donde supuestamente se repartirían alimentos, pero al llegar fue encerrada con otras mujeres y sometida a una esterilización forzada. Le dijeron que debían hacérsela porque “ustedes como son de la altura, se van a llenar de hijos”.
Celia Ramos tenía treinta y cuatro años y vivía en Piura con su esposo y sus tres hijas cuando recibió la visita del personal de salud para convencerla de someterse a una esterilización, la que se realizó en julio de 1997. Durante la cirugía, Celia tuvo una reacción alérgica severa, pero como el centro médico no tenía las condiciones para una adecuada evaluación de riesgos ni para afrontar emergencias, fue llevada a la Clínica San Miguel en donde murió diecinueve días después. La Defensoría del Pueblo concluyó que su muerte se debió a una mala oxigenación durante un paro cardiorrespiratorio, estableciendo una relación causal entre la muerte y la esterilización. Debido a la falta de justicia en el país, estos tres casos fueron llevados a instancias internacionales, las cuales determinaron la responsabilidad del Estado.
En estos días en que el odio se desborda debido a los resultados electorales, pidiendo incluso que ciertos sectores de la Sierra “no se reproduzcan”, es necesario recordar que ese discurso discriminatorio estuvo a la base de las esterilizaciones forzadas, que no se trató de errores aislados y que el racismo camuflado como pragmatismo solo puede traer muerte e impunidad.