“Algo se pudre…”, por Diego García-Sayán

No se puede negar que vivimos bajo el tufillo de una putrefacción institucional y ante galopantes fuerzas que buscan convertir al país en republiqueta de tragicomedia. Habría analogías con la trillada frase proveniente del Hamlet de Shakespeare de que “algo se pudre”. Pero lo que viene ocurriendo es bastante concreto y visible: actos que remiten a los momentos oscuros de la autocracia corrupta que gobernó el Perú hasta noviembre del 2000. 

En la década de los 90 ocurrieron hechos muy graves: sistemática e impune corrupción, saqueo del erario público, violaciones graves a los derechos humanos, toma de instituciones públicas para que sirvan a los intereses de los gobernantes. La sociedad peruana supo poner fin el 2000 a ese sórdido paquete, los responsables fueron juzgados y condenados, y la nación recuperó la democracia y la separación de poderes.

El Perú fue recuperando, así, su presencia en el mundo y en la comunidad internacional: cumpliendo las sentencias de la Corte IDH, generando la Carta Democrática Interamericana y haciéndose parte del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, cuya vicepresidenta es la magistrada Luz Ibáñez. Recuperó el país un sistema judicial independiente y su democracia electoral.

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Sin embargo, viendo la crisis profunda que hoy azota al país, por varias vías la institucionalidad ha venido siendo arrasada. Y estamos pasando a ser, como antes, nuevamente un Estado “paria” por varias razones que se pueden resumir en cuatro constataciones:

1) Legitimidad colapsada del Congreso y del Ejecutivo (un dígito).

2) Presunta organización criminal que habría construido la cuestionada fiscal Benavides y un Poder Legislativo, presidido ahora por un condenado por la justicia penal, con decenas de congresistas bajo investigaciones penales, aletargadas. Una Fiscalía de la Nación, ahora revivida, tiene mucho trabajo allí.

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3) Tribunal Constitucional: una facción atropella el debido proceso adoptando una decisión groseramente irregular validando el anómalo indulto a Fujimori del 2017. La decisión no competía a una minoría de tres sino al pleno dentro del que estaba Gutiérrez Ticse, que tenía que inhibirse y no lo hizo. Todo lo ha denunciado con claridad el tribuno Manuel Monteagudo.

4) Quiebre en marcha del régimen democrático. La Junta Nacional de Justicia ha expresado, con razón, que el intento arbitrario de removerla sería un “quiebre del régimen democrático”. Nada menos.

Ojo con las reacciones interamericanas frente al quiebre democrático en curso en Guatemala con muchas semejanzas a lo del Perú. La OEA resolvió este martes aplicar a Guatemala la Carta Democrática Interamericana. El Gobierno de EEUU, por su lado, les retiró la visa a 300 políticos, congresistas y representantes del sector privado guatemalteco y sus familiares por “socavar la democracia y el Estado de derecho”.

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Ante ataques frontales, pues, las normas y valores democráticos están demostrando que no están pintadas en la pared.

El socavamiento de la institucionalidad democrática en el Perú pone por delante una agenda muy concreta: avanzar urgentemente con acciones inmediatas, desde el Ministerio Público, ahora que empieza a reconstruirse la institucionalidad destrozada por Benavides: reconstitución de la Junta de Fiscales Supremos, asunción de la Fiscalía de la Nación por el correcto fiscal Juan Carlos Villena y la reincorporación de la fiscal Delia Espinoza.

Hay, pues, base para el impulso a una reinstitucionalización con pasos como los cuatro siguientes:

1) Una investigación seria, pronta y con debido proceso de la presunta organización criminal que habría vertebrado la predecesora de Villena, incluyendo sus presuntos enlaces ilegales con congresistas y con integrantes del Ministerio Público.

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2) Estabilidad de jueces y fiscales. Atropellada en los últimos meses, pero que está garantizada por el derecho nacional e internacional, salvo haya algún elemento objetivo y con un proceso debido.

3) Reposición en sus labores a todo/as los/as fiscales removidos desde julio del 2022 por Benavides, incluyendo los fiscales anticorrupción y la fiscal que investigaba a la hermana de la entonces cuestionada fiscal de la nación Benavides.

4) Prioridad a las investigaciones pendientes –y aletargadas– sobre hechos criminales y al servicio de intereses particulares a decenas de congresistas. Y en uso de la Constitución, impulsar desde la Fiscalía que se revierta la inconstitucional destitución de la fiscal Zoraida Avalos, grosero acto de interferencia en la independencia judicial.