Degradación y resistencia institucional, por Antonio Zapata

A lo largo de sus 200 años, el Estado republicano siempre ha sido débil, su presencia y capacidad han estado por debajo de sus responsabilidades. Esta inconsistencia se manifiesta en un embrionario entramado institucional, donde los organismos públicos cumplen sus funciones a medias y con dificultad. Entre otras razones porque están envueltos en permanentes conflictos internos.

Una mirada negativa de estas luchas intestinas postula que son dañinas porque paralizan la acción estatal. En la mayor parte de ocasiones es cierto. Pero en otras oportunidades esos conflictos expresan una lucha singular entre funcionarios públicos. Dentro de las instituciones estalla una confrontación entre corruptos y partidarios del buen Gobierno. Visto desde fuera, el panorama puede ser confuso, porque las posiciones cambian y los actores son volátiles. Pero el conflicto interinstitucional de la Fiscalía es punto a favor de la democracia.

La coalición autoritaria ha sido una mesa con cuatro patas: Congreso, Ejecutivo, Tribunal Constitucional y Ministerio Público. En este juego, el MP era funcional porque cumplía doble rol: acusar al adversario y proteger al facineroso. Pero su titular se sintió la pieza principal del tablero. Incluso amenazaba al Ejecutivo provocando el velado comentario de Otárola, “díganle al filósofo…” La cabeza del MP estaba concentrada en sus elevados anhelos e ignoró la resistencia interna institucional. En efecto, una Fiscalía Superior encargada de la corrupción en el Estado halló evidencia que compromete a sus asesores, quienes se habían sentido tan impunes que negociaban votos de congresistas por chat.

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Aún es demasiado temprano para conocer las medidas del nuevo titular del MP, pero el caso del asesor principal convertido en colaborador eficaz ya ha pasado al Poder Judicial e inmediatamente a los medios de comunicación. La opinión pública estará atenta. Las revelaciones llegarán al Parlamento, puesto que en su seno y a través de varios de sus integrantes se ha realizado el trueque de votos por inmunidad. Es decir, apoyar las causas de la fiscal a cambio del levantamiento de las investigaciones. Los nombres de los congresistas tramposos han comenzado a salir y pronto la lista estará completa, oleada y sacramentada.

Por ello, la crisis ha de trasladarse al poder clave de nuestros días, el Congreso. Ha venido concentrando poder, invadiendo atribuciones de otros organismos públicos y preparando las mejores condiciones para las próximas elecciones. Solo tiene 6% de respaldo ciudadano y está acostumbrado a ignorar a la opinión pública, porque esta no se traduce en grandes marchas y no se escucha la voz de las calles. Pero esta investigación de la fiscal Barreto y su equipo ha de remecer la plaza Bolívar y algunos parlamentarios querrán saltar de un barco que amenaza hundimiento.

Por su parte, el Legislativo es un poder singular, porque lo conduce una coalición y no un solo grupo y, además, porque la oposición tiene representación y mecanismos para actuar. Si fortalece su perfil opositor puede desbaratar la frágil alianza que maneja el Congreso. En anteriores ocasiones de nuestra accidentada historia política ahí ha estado el eslabón débil, donde la presión acabó desmontando el tinglado. Convocando a elecciones, el Congreso podría pasar de encabezar la degradación a convenir la salida de una coalición mafiosa que empieza a hacer agua.

Esta crisis avanza mientras el TC libera a Alberto Fujimori y Keiko se apresta a entrar a juicio oral. El procedimiento ha sido un espanto. Los magistrados del TC han llegado a sustentar que el cumplimiento de los compromisos internacionales depende de la voluntad interna. De un plumazo han arruinado una tradición. En el caso de Keiko, a estas alturas no se sabe quién estará a cargo de la acusación. El fiscal Vela ya fue suspendido y la cabeza de Pérez pendía de un hilo. Ahora, veremos.