Han pasado más de dos años de la promulgación de la Ley 31250, ley de CTI, y estamos a la espera de su reglamentación y de la promulgación de la Política de CTI (POLCTI). Si bien es cierto que los plazos que dio la ley fueron voluntaristas (90 días), dos años y más no expresan innovación pública, sino inercia y bajo nivel de nuestras capacidades.
Pero en honor a la verdad, independiente de esta ausencia, en la práctica tenemos importantes elementos de la POLCTI, expresados en dos recientes convenios de préstamos por más de US$250 millones encargados a Concytec y Produce, además de la experiencia disruptiva del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA) (US$ 120 millones), que acaba de concluir con interesantes logros y enfoque novedoso.
Su análisis permite destacar que no estamos solo frente a un incremento en el presupuesto de CTI, sino que expresa algunos signos de cambio en las orientaciones básicas. Particularmente, es relevante el cuestionamiento de la teoría de “fallas de mercado” dominante en los 20 últimos años, ya cuestionada por el PNIPA.
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Sin lugar a dudas, este cambio de enfoque repercutirá en importantes aspectos de la actual POLCTI, algunos de los cuales pueden ser: i) cuestionamiento del enfoque del rol del Estado como asignador de recursos según demandas, hacia una orientación misional de la inversión pública (Estado proactivo); ii) empeño por el fortalecimiento del Concytec como ente rector y proveedora de nuevos servicios públicos y de información para la mejor toma de decisiones; iii) sensibilidad por la construcción de una nueva gobernanza de CTI; iv) mayor interés por la construcción de entornos habilitantes en regiones.
Pero este cambio nos enfrenta a nuevos retos: i) desarrollar nuevas capacidades públicas para la definición de agendas en interacción colaborativa público-privada, la disposición a la experimentación y la corresponsabilidad de construir valor público; ii) forjar un modelo organizativo que garantice una estrecha relación entre la estrategia, el diseño de instrumentos y su implementación, que garantice coherencia; iii) diseño del sistema de monitoreo y evaluación (M&E) con enfoque de aprendizaj para que el ciclo de las políticas de innovación (PPI) sea más dinámico, y con mejor rendición de cuentas; iv) frente a la heterogeneidad y diversidad de la economía nacional, reconocer la pertinencia de intervenciones especializadas y priorizadas, sin ahondar el centralismo limeño, para lograr efectividad.
Ante ellos, valen algunas recomendaciones: i) enfoque gradual y realista, definiendo lo que se puede entregar y lograr, en paralelo a la construcción de nuevas capacidades; ii) muy buena sintonía con el contexto y el ámbito específico de intervención; iii) cercanía con el sector privado con enfoque de inclusión socioeconómica para abordar los principales cuellos de botella del país; iv) lógica de intervención clara, con una conexión cercana entre el problema, los cursos de acción y el resultado deseado; v) mucha atención al desarrollo de una nueva generación de gestores públicos.