Se pagan los errores

La encuesta del IEP de setiembre evidencia que la popularidad de la presidenta Boluarte está estancada en 10% y la del Congreso sigue en 6.

Todas las acciones de gestión política que se han emprendido en los últimos meses han consolidado estos indicadores y se puede colegir que 8 de cada 10 peruanos desaprueba la forma en la que se conduce el Gobierno. Y 9 de cada 10 también rechaza las labores del Congreso.

El experto Fernando Tuesta Soldevilla explica que en enero de este año había una diferencia entre aprobación y desaprobación de -52% y ahora bordea el -70. Los índices no son del régimen corrupto e ineficiente del expresidente Castillo, son resultados ante los actuales desaciertos.

¿Cómo se ha llegado a estas cifras que evidencian la ilegitimidad que nos acompaña desde que se ahogó el reclamo en las calles con balas? Con la captura de los organismos públicos que por definición son autónomos. Con una sujeción del Ejecutivo a las acciones de un Congreso que no respeta el Estado de derecho y a las instancias democráticas.

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La sanción de la opinión pública se ha hecho ostensible también con la persecución contra la Junta Nacional de Justicia, con la amenaza que se cierne sobre los organismos electorales y una marcada tendencia al abuso del derecho contra quienes están en franca oposición a las acciones totalitarias que se ejercen desde el poder.

Todo ello ocurre cuando la crisis económica está golpeando los bolsillos de los peruanos y sometiendo a los más vulnerables a la amenaza del hambre y el desempleo. Como señala Patricia Zárate, del IEP, 6 de cada 10 personas se han quedado sin alimentos por falta de recursos en los últimos tres meses.

La población también ha entendido que el Congreso está debilitando el sistema democrático al no respetar la separación de poderes, que es el pilar que lo sostiene. Al amenazar la existencia y autonomía de los otros poderes, está minando nuestra frágil institucionalidad.

Es un escenario complicado el que se abre hacia adelante, porque no hay en marcha una opción política que encuentre salida a esta suma de desaciertos y tampoco existe algún propósito de enmienda entre quienes están administrando esta crisis inacabable. La voluntad ciudadana parece clara: defender los espacios democráticos y no dejarse engañar por cantos de sirena.