(*) Presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, ANP.
Se intenta desde todos los extremos cercar la actividad informativa. Las más disímiles fuerzas confluyen en osado propósito. Quien más poder concentra, más posibilidades tiene de vulnerar la libertad de expresión.
En los últimos nueve meses, 207 ataques a periodistas en cobertura de protestas, un intento fallido de instaurar un protocolo express para coberturas que se quedó sin defensores, la frustrada propuesta de ‘ley mordaza’ y una atenuada tentativa de criminalización de la expresión, encubierta en un pedido de facultades legislativas.
Los periodistas una y otra vez en la diana. Hay una arremetida para desmontar el marco de protección de la libertad de expresión que solo se podrá frenar si disparamos las alarmas cada vez que se pretende imponer el oscurantismo informativo.
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Son tiempos recios para quienes tienen la responsabilidad de informar en el país. Es extenuante sostener una actitud a la defensiva frente a embestidas casi cotidianas.
Perú, en el ejercicio de las libertades informativas, tiene una legislación garantista, jaspeada tan solo por la penalización de los denominados delitos contra el honor. Somos un país que contempla el derecho a la rectificación, con una ley de acceso a la información pública, en un régimen de responsabilidades ulteriores que veta la censura.
Nuestro problema no es precisamente la norma existente. El epicentro de la calamidad está en el lo que el abogado Roberto Pereira llama el ADN autoritario de nuestros gobernantes. Los inquilinos de la Casa de Pizarro, congresistas, autoridades regionales y locales. Algunos de estos pequeños dictadorzuelos que hacen de los espacios públicos fortines inexplorables.
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Para ellos y ellas la labor de la prensa estorba, obstaculiza, entorpece, obstruye, perturba, molesta, fastidia, complica. Y eso la convierte en objetivo. Sin prensa, como dice el adagio popular: todos felices, todos contentos.
Para los de la Casa de Pizarro y aledaños, a sabiendas de que tarde o temprano las flagrantes violaciones a los derechos humanos llegarán a tribunales internacionales, mejor tener lejos a fotoperiodistas como Aldaír Mejía (agencia de noticias EFE) o Walter Hupiu (fotoperiodista independiente) capaces de registrar evidencia que incrimine. A ellos, perdigonazo puro, golpe, hostigamiento.
A los congresistas, les es más confortable tener a raya a quienes han sacado a la luz denuncias del calibre de ‘Los Niños’, ‘mochasueldos’, ‘Los Dinámicos del Centro’, ‘Los cócteles’, entre otras perlas. Su respuesta a periodistas y medios: como documentó la periodista Ana Bazo, cada sesenta días ve la luz un proyecto de ley que tiene afectación a la actividad periodística. Asedio legislativo en estado puro.
A las autoridades regionales o locales el periodismo les estorba. Al suspendido alcalde de Trujillo, de expresiones sexistas y ofensivas contra reporteras, al alcalde de Arequipa, quien amenazó con demandar a una radio y exigir una reparación civil de 3 millones de soles, o al gobernador de Áncash que ordenó evaluar licencias de medios que “se utilicen para fastidiar, para incomodar, para chantajear”.
Por eso fluye que se coludan naturalmente en el mismo fin. El propósito es cercar a la prensa, debilitarla, aplanarla. Aleccionarla sintiéndose todopoderosos. Amainar el derecho a la información de la ciudadanía. Procurar una sociedad de silenciosos y silenciados. Apagar los reflectores en circunstancias en que el copamiento institucional se vuelve el signo. La crisis de confianza en los medios es tierra fértil para esa aspiración. Pretenden avanzar con viento a favor. ¿Ganarán el pulso?
Sin libertad de prensa no hay democracia y sin democracia no hay libertad de prensa. Lo saben bien. Lo sabemos bien.
Columnista invitado. Autor de contenidos y de las últimas noticias del diario La República. Experiencia como redactor en varias temáticas y secciones sobre noticias de hoy en Perú y el mundo.