Así pasen diez años, por Raúl Tola

La condena de 22 años y cinco meses de prisión contra el excongresista Michael Urtecho, uno de los primeros representantes de la ahora extendida estirpe de los ‘mochasueldos’, ocurre en un momento crucial, sobre el que tendrá consecuencias. Desde ahora, una espada de Damocles se balancea sobre este Congreso fuera de control, donde campan la mediocridad, la ignorancia, el autoritarismo y la corrupción, y donde esta clase de conductas se ha normalizado.

Elegido por Solidaridad Nacional, Urtecho fue inhabilitado de su cargo en 2013, luego de que siete trabajadores lo denunciaran por haberles recortado las remuneraciones, llegando a veces a pagarles una fracción de sueldo. También se le acusó de presentar boletas de empresas fantasmas y, en el colmo, de apropiarse, mientras presidía la Comisión Especial de Discapacidad del Congreso, de una donación de 621 sillas de ruedas para personas de escasos recursos.

También fue inhabilitado por tres años y ocho meses, que se suman a los diez años impuestos en 2013 —que se cumplían en diciembre—, y a una reparación civil millonaria. Junto con él, fue condenada Vanessa González Valdivia, su esposa, la otra implicada en el caso, a 28 años de prisión pues, a los cargos de Urtecho, de concusión y enriquecimiento ilícito, se suman la apropiación ilícita y el lavado de activos.

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El caso sienta un precedente rotundo y confirma que, a pesar de las demoras (en este caso, diez años de juicio), a los delincuentes los alcanza la justicia. Se trata de un mensaje categórico, ahora que las prácticas de Urtecho han sentado escuela, normalizándose el recorte de sueldos o los aportes “voluntarios” de los trabajadores parlamentarios. De momento, diez congresistas han sido denunciados por estas conductas: Rosio Torres, María Acuña, Magaly Ruiz, Marleny Portero, Heidy Juárez, Katy Ugarte, María Cordero Jon Tay, José Arriola, Edgar Tello y, más recientemente, el propio presidente del Congreso, Alejandro Soto.

Para que el caso de Michael Urtecho llegara a este puerto, resultó indispensable la diligencia del Congreso de 2013. Las denuncias fueron vistas por la Comisión de Ética solo un mes después de presentadas, lo que permitió a suspender a Urtecho por 120 días y, tres meses después, a desaforarlo e inhabilitarlo, permitiendo la apertura del proceso en su contra.

¿Actuará el actual Congreso con la misma eficiencia? Obviamente, no. Llevamos meses viendo su catadura moral y su comportamiento francamente descarado, que se distingue por actuar de espaldas al país y por las maniobras cada vez más descaradas de blindaje, para que todos puedan salirse con la suya y nadie pague por sus tropelías. Ahora los sospechosos de ‘mochar’ sueldos no son perseguidos, sino que presiden comisiones e, incluso, la Mesa Directiva del Congreso. Pero el mensaje es claro: pueden pasar diez años, incluso más, y ahí estará la cárcel, esperándolos.