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Opinión

Colaboración eficaz en debate

Procuraduría pide al Ejecutivo observar la ley aprobada por el Congreso.

larepublica.pe
Editorial

La polémica sobre las modificaciones aprobadas por el Congreso para las colaboraciones eficaces, se ha abierto. La Procuraduría General de la República ha intervenido en el debate al solicitar al Ejecutivo que observe la autógrafa del PL 565/2021-CR.

Este pedido se basa en la afirmación de la Procuraduría con relación a que la Ley afecta la defensa jurídica del Estado. Señalan que, al imponer plazos rígidos para el procedimiento, ponen en peligro su eficiencia y aplicación en la persecución del delito.

Se ha establecido como plazo los 8 meses para poder desarrollar el proceso de colaboración, con una única prórroga de 4 meses adicionales. Para casos complejos como los de organizaciones criminales, el plazo se extiende a 16 meses con una única prórroga de 8 meses.

El Pleno del Congreso aprobó la norma el jueves 22 de junio, con 84 votos a favor. La solicitud de Daniel Soria para que el Ejecutivo observe la ley no está definida aún. El ministro de Justicia, Daniel Maurate, ha señalado que primero se adoptará un punto de vista técnico en su sector que luego será llevado al Consejo de Ministros. El ministro no tiene un punto de vista adoptado al respecto.

No es el caso de los congresistas que apuestan por sacar adelante esta iniciativa que podría favorecer a acusados mediante la colaboración eficaz, en varios procesos en curso. Es la razón por la que por lo menos un parlamentario de cada bancada haya votado a favor del proyecto de ley.

También hay voces airadas de representantes, fundamentalmente de Fuerza Popular, que le exigen al procurador Soria que no intervenga en las decisiones del Congreso. El beneficio que podría obtener Keiko Fujimori y su organización política parece que está detrás de esta velada amenaza contra el funcionario.

Hay un compás de espera hasta conocer la decisión del gobierno, pero lo que es claro es que el desmantelamiento del sistema anticorrupción sigue en marcha. En tanto, los cálculos políticos para promulgar la norma u observarla están a la orden del día.