En el ojo del huracán, todo está calmado, por Rosa María Palacios

“Recibimos un país con 1.800 obras paralizadas por la incapacidad y desidia, o quizás porque el tiempo lo ocuparon en otros asuntos; un país que clamaba por sus necesidades básicas”, dijo la presidenta Boluarte al abrir su exposición de evaluación sobre sus primeros seis meses de gestión, obedeciendo el primer consejo que da todo narrador de cuentos políticos: para empezar, échale la culpa al anterior. El truco funciona, pero tiene una advertencia: no lo puedes usar si el anterior eres tú mismo.

Boluarte fue ministra del Midis durante todo el gobierno de Castillo y renunció dos semanas antes del golpe de Estado. El puesto, que según varios testimonios exigió a Castillo hasta con lágrimas, era justamente para ocuparse de las necesidades básicas, de los más pobres del Perú. Su participación en los circos montados por Aníbal Torres, en los mal llamados Consejos de Ministros Descentralizados, fue estelar. ¿O se le olvida que cantaba “justicia” a gritos? ¿De quién fue vicepresidenta Boluarte? ¿Llegó en otro proceso electoral que desconocemos? No hay duda del desastre de la gestión de Castillo, pero Boluarte no puede negar que ese también es su gobierno. En una larga lista de lavandería que presenta como activos de su gestión (gasto público, en resumen) no hay un solo pasivo. El desastre económico del 2022 y el que tendremos el 2023 es, también, de su responsabilidad. Si alguien le dio el consejo de que finja amnesia, la engañó.

El Gobierno está gastando un buen dinero en pagar a expertos en relaciones públicas, dentro y fuera del país, para que construyan cuentos creíbles sobre sus bondades. Boluarte ya lo advierte en Iquitos esta semana: “Las falsas narrativas lo único que hicieron fue polarizar más a la población”. Así que, en su discurso, el problema no es ella, que niega su pasado inmediato, sino la “falsa narrativa”. ¿Y cómo se combate esta? El Gobierno parece haber encontrado la fórmula mágica, el segundo truco más usado: con otra falsa narrativa.

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En gira internacional de medios, Alberto Otárola dice a Radio France Internacional que “ha habido un ataque permanente de un grupo pequeño, muy violento y financiado por el narcotráfico y la minería ilegal, que pretendía tomar el poder porque ya tenía el Gobierno”. ¿Ya tenían el Gobierno? Es decir, ¿Dina Boluarte fue parte de un grupo financiado por la minería ilegal y el narcotráfico durante los 16 meses que estuvo en el poder con Castillo? Si el presidente del Consejo de Ministros afirma esto, nada hay que agregar. Fue por lana y salió trasquilado. Por querer minimizar un enorme descontento social, que arroja números en las encuestas muy concretos, se inventa el recurso de narcotizar el debate. Lo del terruqueo ya no funciona como narrativa después de ser señalado como discurso estigmatizante por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los narradores de cuentos han sacado la palabra ‘terrorista’ del libreto, pero la han sustituido por ‘narcos’ o ‘minero ilegal’. ¿En serio cree Alberto Otárola que esto es verosímil fuera y dentro del Perú?

“Hemos preservado el orden democrático y el Estado de derecho, brindando calma y sosiego a la población”, sostuvo Boluarte el pasado viernes. ¿Estado de derecho es matar a 49 personas en un país donde no hay pena de muerte? ¿Estado de derecho es no detener y juzgar a quien comete un delito sino meterle un balazo? Boluarte es abogada. Sabe perfectamente que miente. Ella ordenó que no se proteste. Punto. Ni violenta ni pacífica. Ninguna protesta se tolera. El costo le importó un bledo porque su conducta ha sido reiterada a lo largo de tres meses y en diferentes lugares. ¿Eso brinda calma y sosiego? Aquí algunas cifras del enorme consenso que ha logrado: el 90% del país rechaza el desempeño del Congreso (su aliado y sostén); un 79% da la espalda a la gestión de la presidenta; el 81% cree que violaron derechos humanos en las protestas; un 82% piensa que lo más conveniente es que tengamos un adelanto de elecciones antes del 2026 (cifras del IEP). El único sosiego que tenemos es que hay un consenso social sin precedentes.

“La crisis ya concluyó en el país”; “el país ha entrado en un proceso de pacificación, con paz y tranquilidad”; “todavía están las personas que quieren recuperar cierto liderazgo para luego convertirse en candidatas al Congreso”: estas son frases de Otárola y Boluarte para justificar lo injustificable. Si no hay protesta, es por dos buenas razones. El pueblo no ve liderazgos alternativos y no quiere morir de un balazo impune, celebrado por este Gobierno y sus aliados. Pero, como en el ojo del huracán, esa calma dura poco. La mentira tiene patas cortas y enardece al apagado.