Juicio político, por Inés Flores

El pleno del Congreso aprobó el viernes por la noche el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo. Según este informe, a Castillo se le imputan los delitos de organización criminal, negociación incompatible, tráfico de influencias y corrupción, todo lo cual lo coloca a un paso de la destitución. El juicio político respectivo puede durar dos meses.

Lo primero es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le inicie a Castillo una investigación sumaria. El presidente puede hacer uso de su defensa como también la haría cuando el caso llegue al pleno del Congreso. Este escenario pone en vilo a Castillo luego que se salvara de la censura. Además, el tiempo corre en su contra puesto que conforme pasan los días van apareciendo más indicios de corrupción que involucran directamente a su personal de confianza y a él mismo.

Pero, ¿puede el Congreso destituir al mandatario pese al artículo 117 de la Constitución que lo protege de ser sentenciado mientras dure su mandato? Según el constitucionalista Omar Cairo, dicho artículo solo se aplica para delitos que dan inicio a procesos judiciales, por lo que el Congreso sí podría llevar a Castillo a juicio político y sancionarlo por infracción constitucional. Se da por descontado que la vicepresidenta Dina Boluarte, sobre quien pesa una acusación constitucional, también será destituida.

Esta situación ha despertado los apetitos de los congresistas para presidir la próxima Mesa Directiva que los llevaría, a la vez, a ponerse el fajín presidencial, lo cual explica las recientes bajas en la bancada de Alianza para el Progreso y las tensas movidas en las otras agrupaciones.