Chile: lecciones de la renta minera

La Constitución de Pinochet de 1980 establece en su Tercera Disposición Transitoria que “la gran minería del cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas de acuerdo a la Constitución de 1925, continuarán rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de esta Constitución”.

Por tanto, la estatal Corporación del Cobre (CODELCO) continuará en posesión de las grandes minas de cobre Anaconda y Kennecott, cuyos procesos de “chilenización” y posterior “nacionalización” culminaron en 1971 bajo Salvador Allende. En el 2018 Codelco produjo 1,820 millones de toneladas de cobre, solo 20% menos que los 2,400 MMT que produjo toda la minería privada peruana.

Una razón para no privatizar la minería del cobre fue su carácter estabilizador de la economía: las exportaciones significan ingentes ingresos de divisas que producen superávits comerciales y aumentan los ingresos fiscales.

Desde los 80, el llamado GMP-10, la gran minería privada, elevó fuerte la producción de cobre, llegando a 4,154 MMT en el 2018, siendo las más grandes Escondida, Collahuasi y Los Pelambres. En Chile el 100% de la minería de cobre no es estatal, como dicen algunos. Lo resaltante es que, si bien la gran minería produce más que Codelco, su contribución fiscal es inferior. Veamos.

Los impuestos pagados en el 2018 por el GMP-10 y Codelco, según COCHILCO (Anuario de Estadísticas 1999-2018), fueron US$ 2,394 y 1,806 millones, respectivamente. Si los comparamos con la producción de GMP-10 y Codelco, se aprecia que por cada tonelada de cobre, la GMP-10 paga US$ 0.58/libra (2,394/4,154), mientras que Codelco paga US$ 0.99/libra (1,806/1,820).

Una de las razones puede ser la Ley Reservada del Cobre (“reservada” porque durante muchos años fue secreta) que le otorgaba a las FF. AA. el 10% de las exportaciones de cobre de CODELCO. Dice La Tercera (24/06/2019) que fueron US$ 5,018 millones del 2014 al 2018. Decimos “otorgaba” pues fue derogada en el 2019. Pero no desaparece de golpe: se extinguirá de a pocos en los próximos 10 años.

La política minera de Chile ha sido distinta a la peruana, que optó por la privatización de las unidades mineras existentes: Tintaya, Cerro Verde, Centromin, así como de las concesiones mineras de Minero Perú (muchas de ellas provenientes de la Cerro de Pasco), como Las Bambas, Bayóvar, Antamina y Quellaveco (solo para mencionar algunas).

Así lo manda la Constitución de 1993 (subsidiariedad del Estado) y por eso no existe hoy una sola mina estatal. En varios casos de privatización y concesiones se discutió la posibilidad de que el Estado participara como accionista con un cierto porcentaje minoritario; al fin y al cabo los recursos naturales le pertenecen al Estado. Pero la Comisión de Privatización (COPRI) no lo permitió.

La participación en la propiedad es una de las alternativas que el propio FMI considera apropiada pues permite la captación inmediata de las sobreganancias mineras del “boom” de precios, lo que no hace el impuesto a la renta, que sigue recaudando el mismo porcentaje. En Chile, con Codelco, el Estado capta el 100% de esa sobreganancia y, en buena medida, por eso tributa más, en términos relativos, como hemos visto.

No es posible ahora hacer el balance comparativo de ambas políticas. Pero se pueden decir dos cosas: una, que sí importa la captación de renta de recursos naturales para el equilibrio fiscal, como en Chile. Es un insulto decir, en el Perú, “no quiero pagar más porque tú no lo gastas”. Cierto, el aparato del Estado tiene problemas para gastar, producto de 30 años de neoliberalismo, pero eso no da “derechos” sobre los recursos naturales, que son de todos los peruanos.

La segunda, que captar más rentas, con toda la importancia que tiene, no garantiza el éxito del combate contra la pobreza y, sobre todo, la desigualdad, como se ha visto en Chile, que elige este domingo nuevo Presidente y, pronto, votará por una nueva Constitución. Y, esperemos, por nuevas políticas económicas para no tropezar de nuevo con la misma piedra.