Si requiere usted llegar a cualquier destino que deba utilizar la Carretera Central, mejor olvídese. Serán horas que se ahorrará y tráfico infernal, además de las consabidas amenazas contra su integridad física y sus pertenencias, por los atolladeros y las pistas sin asfalto, que facilitan la labor de los ladrones.
En este colapso permanente de transporte confluyen las obras que demanda la construcción del ramal del Metro de Lima y la abandonada autopista Ramiro Prialé, que hace más de 30 años espera por un gobierno nacional o local que se haga cargo y conecte los pequeños tramos que, hasta ahora, no conducen a ninguna parte.
La autopista Prialé solo tiene un tramo construido y los vehículos están obligados a desviarse hacia la Carretera Central por las obras inconclusas y en tramos pequeños, no conectados entre ellos, que aún producen más caos del ya existente.
Desde 1980, los gobiernos nacionales de Fernando Belaunde y Alan García no fueron capaces de resolver la maraña burocrática que presentaba la obra. Los gobiernos locales de Castañeda Lossio, Susana Villarán y ahora Jorge Muñoz tampoco.
Hay algunas razones que están vinculadas al saneamiento de las viviendas y terrenos por los que pasa la autopista. La otra responde a razones de orden de patrimonio histórico, que han atado de manos a más de una autoridad.
Sin embargo, cada día un millón de personas provenientes de distritos de Lima este: Ate, Chaclacayo, Chosica y además Huarochirí usan estas conexiones para acceder al resto de la ciudad capital. Son personas que tardan 3 horas para llegar a sus trabajos o centros de estudios debido al colapso diario del tránsito vehicular.
La necesidad de culminación de la obra es un clamor ciudadano. No es posible que el transporte urbano sea un castigo y no un servicio público. Las zonas críticas están identificadas, las necesidades están totalmente expuestas, y ahora es el momento para que las autoridades asuman su tarea de forma responsable, sin el clásico peloteo ni la promesa vacía.