Si hay algo que destacar en lo que se ha llamado el “VacunaGate” o “VacunaVip” no es solamente que la informalidad esté generalizada en el país, sino también que la principal forma de organización social de las élites son las argollas. Un ejemplo de este comportamiento “argollero” es esta vacunación hecha a escondidas, en secreto, al margen del ensayo médico que se estaba realizando y que benefició, en medio de esta pandemia, a un pequeño grupo de personas.
Esta vacunación “informal”, además de la indignación que ha provocado, plantea varios problemas. El primero, como señala el experto epidemiólogo Mateo Prochazka, es que el uso de vacunas fuera del ensayo clínico va en contra del reglamento nacional y estándares internacionales, más allá que de ello haya estado aprobado, aparentemente, por el Instituto Nacional de Salud (INS), la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
El segundo problema, también según Prochazka, es que “si existía suficiente confianza de que la vacuna funciona como para administrarla directamente, ¿se justificaba un ensayo clínico con un placebo como comparador?”. Este hecho es grave porque quiere decir “que quienes recibieron el placebo pusieron su tiempo, sus muestras y su suerte en las manos de un experimento mal justificado”.
Y el tercer problema es que el INS ha negado su participación en esta vacunación “informal”, lo que nos lleva a preguntarnos quién o quiénes dieron luz verde y quiénes participaron en organizarla.
Hasta ahora no sabemos cuáles han sido los criterios para vacunar, al margen del ensayo médico y en secreto, a cerca de quinientas personas, entre las que destacan el expresidente Vizcarra, su esposa, su hermano, dos ministras, autoridades de alto nivel, una “promotora de intereses” (léase lobista), así como a diplomáticos, empresarios y el propio doctor Germán Málaga, responsable del ensayo médico. Por ello, la imagen política del expresidente Vizcarra está en franco declive. Hoy es igual a los “viejos y corruptos políticos” que dice combatir. Tampoco es un presidente “valiente” ya que él sabía que no iba a recibir un placebo y sí una vacuna. Vizcarra no participó de un ensayo médico, pero sí, como ha dicho un diario, de una corrupta “repartija de las dosis” que lo benefició a él y sus familiares cercanos. La fiscalía le acaba de abrir una investigación, como también a ocho miembros del comité negociador de la vacuna. El Congreso ha hecho lo mismo. Hoy Vizcarra, derrotado moralmente, es un fuerte candidato a la inhabilitación política y también a la cárcel, lo que pondría fin a sus ambiciones de ser ahora congresista y luego, por segunda vez, presidente.
Queda por ver qué pasará con el resto de funcionarios públicos comprometidos en esta vacunación “informal”, como las dos ministras y el rector de San Marcos, entre otros. También con lo civiles, es decir, con la esposa de Vizcarra, su hermano, varios empresarios y la conocida promotora de intereses Cecilia Blume, que también figura en esta vergonzosa lista y que el 6 febrero, días antes de que estalle este escándalo, acaso para esconder su “pecado”, escribió en su Twitter: “En el mundo entero se vacuna primero o un anciano o personal de salud. El presidente se vacuna después para dar apoyo a la vacuna”.
Finalmente, este escándalo de la vacunación informal, donde se unen abuso de poder y corrupción, incrementará la desconfianza de los electores hacia los políticos. No hay que descartar que luego de las elecciones de abril la fragmentación política persista como lo viene mostrando las encuestas. Es decir, que la crisis que vive el país continúe y se agudice.
Nota: Estimada/os lectores: cumpliendo una norma de este diario esta es mi última columna como colaborador, ya que estoy postulando al Parlamento Andino en las próximas elecciones. Quiero expresar mi sincero agradecimiento al director, a las y los trabajadores de este diario y a sus lectores. No es la primera vez que lo hago, así que espero volver. Saludos y, por favor, cuídense.
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