Camila busca justicia

Por primera vez, el caso de una niña peruana llegará al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Camila vivía en una zona rural del Perú junto a su padre, un trabajador del campo y su madre, una persona quechuahablante con una discapacidad severa. Cuando tenía trece años, su padre abusó sexualmente de ella y quedó embarazada. Ante las autoridades, Camila reveló que su padre la violó durante al menos cuatro años.

La Fiscalía ordenó la detención preliminar de su padre y en mayo del 2019 fue sentenciado a cadena perpetua. Pero lo peor no había pasado

De víctima a perseguida

Por el alto riesgo que el embarazo representaba para la salud de Camila, su madre solicitó que se aplique el aborto terapéutico. El hospital nunca le informó de este procedimiento médico, que es legal en el Perú cuando la vida o la salud de una gestante se encuentra en peligro. Y peor aún, nunca respondió a la solicitud y, por el contrario, pidió exámenes que debieron realizarse en el mismo hospital como parte del cumplimiento del Protocolo de Aborto Terapéutico. A las 13 semanas de gestación, después de fuertes dolores, Camila tuvo una pérdida espontánea.

Unos días después y desinformada de la pérdida, una obstetra del centro médico local acudió reiteradas veces a la casa de Camila junto con un policía para exigirle que retome sus controles prenatales. Este hecho aumentó la presión social sobre Camila ya que vecinos de su comunidad preguntaban por lo sucedido y realizaban comentarios humillantes sobre su comportamiento. Como consecuencia, Camila dejó de ir a la escuela, se distanció de sus amigas y finalmente tuvo que mudarse con su tía a otra ciudad.

Por otro lado, la fiscal a cargo del caso de violación sexual inició una investigación contra Camila por el supuesto delito de “autoaborto”, ya que ella había manifestado previamente su negativa a asumir esta maternidad forzada. Se le consideró “adolescente infractora” y se ordenaron diligencias humillantes y revictimizantes. A pesar de que el agresor había reconocido su responsabilidad, se mantuvo una inexplicable persecución judicial en contra de Camila.

Justicia y reparación

“Las niñas y adolescentes son sujetos de derecho y tienen autonomía relativa para el cuidado de su salud sexual y reproductiva. Lamentablemente, el aborto por violación en el país no está permitido, lo que señala una grave falla del reconocimiento de la vulnerabilidad de estas niñas por parte del Estado”, precisa Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex. Agotados los recursos judiciales internos, el caso llega al Comité de los Derechos del Niño de la ONU de la mano de Promsex, Planned Parenthood Global y con el respaldo del Centro de Derechos Reproductivos y el movimiento regional #NiñasNoMadres.

“De la mano de Camila, exigimos justicia y reparación para ella, y que el Estado peruano fortalezca el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, las políticas públicas para la prevención de la violencia sexual y el programa de Educación Sexual Integral; y genere los mecanismos necesarios para garantizar el acceso al aborto terapéutico a las niñas, tomando en cuenta los riesgos específicos que un embarazo implica para ellas”, señalan representantes de #NiñasNoMadres.

Camila: El dolor de ser niña en el Perú

Camila fue violada por su padre desde muy niña y quedó embarazada a los 13 años. Sufrió graves deficiencias en la atención en salud, se le negó el acceso al aborto terapéutico, legal en el Perú desde 1924, y luego fue criminalizada culpándola por una pérdida espontánea del embarazo, agravando el daño físico y psicológico que su violador ya le había causado.

La historia de Camila es la de miles de niñas en el Perú, a pesar de que nuestro país ya ha sido encontrado responsable a nivel internacional en dos ocasiones anteriores por casos en los que negó el acceso al aborto terapéutico frente a situaciones de riesgo a la vida y salud de menores de edad. Por eso, es importante que el Estado peruano cumpla sus obligaciones de respetar y garantizar la vida y salud de las niñas peruanas, en especial cuando son víctimas de violencia sexual.

En el marco del Día Internacional de la Niña, recurrimos al Comité de Derechos del Niño de ONU con el caso de Camila, para que el Estado peruano asuma su responsabilidad, reparando el daño causado e implementando medidas de atención efectivas para evitar que estos casos se repitan.

Claudia Castro Barnechea

Asesora de Litigio Estratégico de Promsex

[CONTENIDO PATROCINADO]