
Proteger el medio ambiente y los derechos humanos es una labor peligrosa en América Latina, región que en el año 2024 registró 257 muertes violentas, lo que representa el 80% de los casos a nivel mundial. Esto muestra que la región es la más riesgosa cuando se trata de defender el planeta.
Estos datos provienen del informe global de la ONG Front Line Defenders (FLD), que identificó a los cinco países más peligrosos de esta parte del mundo para llevar a cabo estas actividades. Colombia encabeza esta lista.
El Programa Somos Defensores, que recoge los casos que las organizaciones utilizan para sus informes anuales, contabilizó al menos 39 asesinatos en Colombia durante el primer trimestre del año 2025. Según Juan Manuel Quinche, uno de sus voceros, menos del 15% de los homicidios de defensores ambientales se resuelven con una sentencia judicial, lo que, según él, "mantiene viva la violencia".
En México, segundo lugar en la lista, el FLD denuncia un "racismo sistemático" que permea el sistema judicial y afecta especialmente a los defensores de los pueblos indígenas. Estos enfrentan arrestos arbitrarios y sentencias tan duras que se asemejan a una "cadena perpetua informal". Esta situación limita gravemente su derecho a luchar por sus intereses y la protección de sus territorios, lo que los expone a todo tipo de abusos.
Por otro lado, Guatemala, con una población de 18 millones, es el décimo país más grande de América Latina, pero ocupa el tercer lugar mundial en violencia contra defensores de los derechos humanos, con 29 asesinatos. La violencia contra los defensores del medio ambiente ha aumentado de manera "extrema" en toda Centroamérica, según la organización Global Witness (GW).
En cuarto lugar se encuentra Brasil, donde las milicias armadas, frecuentemente formadas por terratenientes y grupos locales, son identificadas por el FLD como principales responsables del aumento de la violencia, especialmente contra los pueblos indígenas. Julia Lima, portavoz del FLD, señala que también la "falta de cumplimiento" de los mecanismos de protección por parte del gobierno brasileño ha agravado la situación.
El quinto lugar lo ocupa Perú, país que posee una parte significativa de la Amazonía (un 12%), solo por detrás de Brasil (60%), ha sido durante años un escenario de actividades ilegales como la minería no autorizada y el narcotráfico. Esto ha desencadenado un aumento de los ataques a las comunidades que luchan por proteger su territorio. Lima asegura que "la ausencia de fiscalización estatal y la corrupción han agudizado la situación".
Los conflictos armados y las actividades extractivas son algunas de las principales causas de los ataques que reciben los defensores ambientales, pero, según Julia Lima, portavoz de FLD, lo que realmente impulsa el aumento de la violencia es la falta de protección estatal y el “desmantelamiento de la legislación ambiental” por parte de los gobiernos involucrados.
Este problema ha empeorado desde 2023, cuando se registraron 196 asesinatos a nivel global, 166 de ellos en países iberoamericanos, según el informe anual de la ONG Global Witness (GW). En la primera mitad de 2025, Lima señala que “la situación sigue deteriorándose” con un “aumento en la criminalización” de los defensores, lo que "desgasta a las víctimas y agrava la impunidad".





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