
El presidente Donald Trump sigue endureciendo el panorama migratorio en Estados Unidos. A las redadas y deportaciones masivas se suma ahora un nuevo proyecto de ley en Arizona que obligaría a las ciudades del estado a colaborar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a inmigrantes indocumentados.
El proyecto de ley 1088, impulsada en el Senado de Arizona, busca aplicar sanciones a las agencias estatales y locales que se nieguen a colaborar con ICE y otras entidades federales. Esta medida se presenta en medio del fortalecimiento de la agenda migratoria de Donald Trump, centrada en intensificar las deportaciones masivas y eliminar programas de protección como el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Muchos inmigrantes evitarían acudir a instituciones por temor a ser identificadas y denunciadas ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Foto: composción LR
La iniciativa 1088 del Senado de Arizona ordena que todas las ciudades, municipios y contratistas independientes del estado acaten obligatoriamente las leyes y disposiciones federales en materia de inmigración y deportación impulsadas por el presidente Donald Trump. Asimismo, obliga a mantener cooperación directa con agencias como:
La legislación establece una sanción económica para cualquier agencia estatal que no cumpla con la norma: deberá destinar el 10 % de su presupuesto anual al fondo general del estado dentro de los 30 días posteriores a la infracción. Esta medida tiene como objetivo ejercer presión financiera para asegurar que todas las instituciones estatales cumplan, sin excepciones, con las políticas migratorias federales de Donald Trump.
A las redadas y deportaciones masivas se suma ahora un nuevo proyecto de ley en Arizona que obligaría a las ciudades del estado a colaborar directamente con el ICE para detener a inmigrantes indocumentados. Foto: composición LR
La aprobación de esta ley implicaría un endurecimiento inmediato en la forma en que las autoridades locales de Arizona gestionan los asuntos migratorios. Las ciudades dejarían de tener la facultad de declararse neutrales o de ofrecer protección a inmigrantes indocumentados ante las deportaciones masivas de Donald Trump. Esto elevaría significativamente el riesgo de detención para personas sin estatus legal, incluso en lugares que antes eran considerados zonas seguras.
La imposición de la participación obligatoria de contratistas y empleados públicos podría resultar en una expansión de la vigilancia migratoria, afectando diversos aspectos de la vida cotidiana. La implementación de esta ley también podría restringir el acceso a servicios esenciales, ya que muchos inmigrantes temerían ser identificados y denunciados ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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