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El país de Sudamérica donde están prohibidos los casino: penas son de hasta 3 años

Aunque el sector de apuestas generaba entre US$200 y US$500 millones al año, esta nación sudamericana decidió prohibirlo desde 2011. Conoce qué país es y por qué tomó esta decisión.

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Aunque muchos disfrutan de los juegos de azar, este país de Sudamérica decidió por voto popular prohibirlos. Foto: composición LR/EFE

Los juegos de azar han evolucionado en lo últimos años con la incursión de las casas de apuestas online; sin embargo, aún hay un grupo que prefiere los convencionales casinos. Y es que estos locales no solo le ofrecen a sus visitantes el poder apostar su dinero, sino que también suelen contar con espectáculos como conciertos o bailes.

Aunque los casinos pueden ser lugares atractivos para la diversión, y por ello sea común verlos en varios lugares, hay algunas naciones que los consideran dañinos y peligrosos para su población, por lo que su existencia está prohibida. Uno de estos países está en Sudamérica, cuyo veto a estos centros inició hace más de 13 años y quienes desobedezcan las normas pueden recibir una condena de hasta 3 años de prisión.

Los juegos de azar se han convertido en un rentable negocio. Foto: Pexels

¿En qué país de Sudamérica está prohibido los casinos?

Ecuador decidió prohibir la existencia de casinos, así como de otro tipo de apuestas en su territorio en 2011. El país tomó esta decisión durante el Gobierno de Rafael Correa, quien, mediante consulta popular, puso en debate la existencia de los mismos.

De esta manera, un 52% votó a favor de “prohibir los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego” mediante un referéndum que convirtió el apostar en un acto ilegal.

Según recoge el medio Bloomberg, Correa argumentó en la época que su propuesta, que más tarde fue aprobada y entró en vigor, buscaba crear “un ambiente más sano” para la ciudadanía, evitando que un padre de familia pueda perder su sueldo por “el vicio del juego”. Por su parte, su canciller Ricardo Patiño apoyó la medida señalando que estos suelen crear ambientes propicios para el lavado de dinero.

La aplicación de esta prohibición entró en vigor el mismo 2011, en la que 132 casinos —100 en salas de juego y 32 en hoteles de lujo— comenzaron a cerrar paulatinamente. Esto causó un impacto, debido a que más de 3.200 personas se quedaron sin trabajo, por lo que Rafael Correa ordenó que se le indemnizara para tratar de disminuir el impacto.

Los casinos en Ecuador comenzaron a cerrar en el 2011. Foto: El Universo

Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Salas de Juego (Anpasju), María Augusta Díaz, mostró su rechazo, señalando que el cambio generaría “caos social” debido a “la cantidad de desempleados y liquidaciones que hay que pagar”. La asociación acotó en su momento que el gremio de juegos de azar en Ecuador generaba entre US$200 y US$500 millones anuales.

La prohibición vino acompañada por sanaciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP)en 2013. Estas señalan que las personas que administren aquel tipo de negocio puede ser sancionado por privación de su libertad por 1 o 3 años, así como una multa valorizada en 50 a 100 salarios básicos.

¿Por qué podrían regresar los casinos a Ecuador?

Unos 13 años después del inicio de la prohibición a los juegos de azar en Ecuador, la medida podría llegar a su fin mediante el referéndum que el actual presidente Daniel Noboa presentó para el 2024.

Según la propuesta enviada por Noboa, volver a habilitar los casinos y apuestas es una “solución que, siempre y cuando sea regulada de manera cuidadosa, contribuirá a fortalecer la estabilidad económica y en consecuencia, mitigar la inseguridad en zonas de peligrosidad”.

Aunque la consulta popular debe ser aún aprobada por la Corte Constitucional, y después llevada a votación, el eventual regreso de las apuestas ha generado críticas en Ecuador. En declaraciones para el medio Prensa Latina, el analista político Mauro Andino advirtió que la implementación de este tipo de negocios “facilita el lavado de activos y el ocultamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado”.