Fernando Arroyo León. EFE
Los ecuatorianos irán este domingo a las urnas para elegir a su nuevo gobernante en una crucial segunda vuelta que enfrenta a la correísta Luisa González, que puede ser la primera mujer en ganar unas elecciones presidenciales, y al empresario Daniel Noboa, que con 35 años puede convertirse en el presidente más joven de Ecuador, dos perfiles opuestos en casi todo, pero que giran en un mismo círculo.
Y es que la elección del domingo parece ser una réplica de los comicios presidenciales de hace diecisiete años (2007), cuando el magnate del sector bananero Álvaro Noboa, padre del ahora postulante, perdía en una segunda vuelta electoral ante Rafael Correa, mentor de la actual candidata. El hecho de que ahora se enfrenten González, alfil de Correa, y el heredero del emporio Noboa, parece dibujar un círculo de problemas que no se han resuelto desde entonces, a criterio del catedrático Napoleón Saltos.
La contienda, además, parece repetir la pugna entre el correísmo y el anticorreísmo; es decir, entre la tendencia que abarca a las distintas facciones del movimiento Revolución Ciudadana (de Correa) y a otros grupos afines progresistas, y Acción Democrática Nacional (ADN), un grupo formado por Daniel Noboa y su familia, de carácter moderado y de signo neoliberal.
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Sin embargo, Saltos consideró que ahora “ya no se trata del mismo correísmo” ni del “noboísmo” del 2006, pues ambos grupos han sufrido transformaciones y representan distintos intereses. ADN, por su parte, ha debido hacer guiños a grupos del centro a la derecha para coaligar una fuerza de votos que permita encarar a la fuerte organización del correísmo, que incluso le permitió erigirse como la primera fuerza política en la próxima legislatura.
Quien resulte vencedor solo gobernará quince meses, pues completará el periodo 2021-2025 que le correspondía a Lasso, pero que se vio interrumpido por la decisión del propio mandatario que en mayo pasado invocó la herramienta constitucional de la “muerte cruzada”.
Ese mecanismo constitucional inédito en el país le permitió al presidente conservador Guillermo Lasso disolver la opositora Asamblea Nacional (Parlamento), a la que acusaba de entorpecer su gestión, a cambio de acortar su mandato y forzar este proceso electoral extraordinario en el que optó por no presentarse a la reelección.