El rol de la comunidad internacional durante los cinco días del régimen de Merino

En medio de protestas y denuncias de golpe de Estado, empezó el régimen de Manuel Merino el pasado 10 de noviembre tras un polémico proceso constitucional que desencadenó en la destitución de Martín Vizcarra. Así empezaría la corta carrera en el poder del expresidente del Congreso.

Al día siguiente de la toma de mando, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado sobre la crisis política en Perú sin referirse a Merino. La cartera colombiana señaló que “respeta el orden constitucional” y subrayó “el liderazgo del Gobierno” del exmandatario Vizcarra.

El presidente del país cafetero, Iván Duque, también se pronunció al respecto. El jefe de Estado colombiano respaldó el comunicado publicado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que instó al Tribunal Constitucional (TC) pronunciarse sobre la legalidad de la vacancia presidencial.

Por su parte, Paraguay alentó “a la nación peruana a continuar en la senda del respeto a la democracia y el estado de Derecho” y brindó sus buenos deseos para el proceso electoral y las elecciones presidenciales previstas para abril de 2021.

A través de un comunicado, la Cancillería de Uruguay comentó a través de su Twitter que confía en que el proceso político siga su curso mediante los canales institucionales propios del estado de derecho y el régimen democrático, en beneficio del Perú.

Más hacia el norte, la máxima autoridad de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó que durante años la corrupción en su nación no fuera objeto de “escándalo” y lo comparó con la situación de Perú, donde “ya van como dos o tres presidentes”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

El 12 de noviembre, la Cancillería de Argentina informó que sigue con atención lo que acontece en el país desde que Manuel Merino asumió el poder. Además, indicó mediante su cuenta de Twitter que confía en que se respetará el proceso electoral en Perú.

Aquel pasado miércoles, la Human Rights Watch (HRW) consideró que el haber apartado del puesto al presidente Vizcarra, las consecuencias que podría tener para la independencia del TC “representan una grave amenaza al Estado de derecho en el país”, se lee en el comunicado de la organización no gubernamental.

Al llegar al 13 de noviembre, el director de la División de las Américas de HRW, José Vivanco, dijo en un tuit: “La Policía debe garantizar el derecho de los peruanos a manifestarse pacíficamente y de la prensa a informar”.

En tanto, la ONU denunció que se han registrado violaciones de derechos de los detenidos al debido proceso ante los arrestos de manifestantes adolescentes durante la primera marcha nacional del pasado jueves. También sostuvo que Perú debe investigar la represión y sancionar a los responsables.

El sábado 14 de noviembre, la segunda marcha nacional, la cual dejó dos fallecidos y decenas de heridos y desaparecidos, que hasta ahora están siendo buscados, fue la gota que rebalsó el vaso y varios ministros comenzaron a renunciar a su cargo durante el sábado y el domingo 15, hasta que finalmente renunció Merino, provocando celebraciones en varios puntos del país. El Gobierno de facto terminó tan rápido como empezó.

Pedidos de los organismos internacionales durante el régimen

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos enviaron una profunda preocupación por dos temas: calendario electoral de abril del próximo año en Perú y las violaciones a los derechos humanos de los manifestantes, contó el politólogo Alonso Cárdenas.

Principio de no intervención

De acuerdo al especialista, el principio de no intervención es un tecnicismo diplomático que básicamente lo que menciona es: “yo no me meto contigo y tú no te metes conmigo”.

Debido a ese fundamento, los comunicados de los países son muy formales y respetuosos, utilizando un lenguaje diplomático para referirse a asuntos de otras naciones, explicó Cárdenas.