
La escena en una sala del aeropuerto de Miami conmovió a los presentes: un niño guatemalteco, de apenas seis años, se reencontraba con su padre tras varios días de angustia. El menor había quedado separado de su familia luego de que su padre fuera deportada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sin previo aviso.
El caso, que involucró a organizaciones como The Guatemalan Maya Center y al Consulado de Guatemala, ha vuelto a encender el debate sobre el impacto humanitario de las deportaciones en Estados Unidos, especialmente en el estado de Florida. En medio de políticas migratorias cada vez más estrictas, la vulnerabilidad de los menores se hace cada vez más evidente.
Amílcar, un niño originario de Guatemala, quedó bajo custodia de autoridades en Florida luego de que agentes de ICE deportaran a su padre sin informar sobre la presencia del menor. La hombre había sido detenida días antes por una infracción de tránsito, y aunque estaba acompañada de su hijo, las autoridades federales procedieron con su expulsión del país sin asegurarse de la situación del niño.
El menor fue entregado al Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF), donde pasó varios días sin contacto con su familiar. La situación encendió las alertas de The Guatemalan Maya Center, una ONG con sede en Lake Worth que brinda asistencia a comunidades migrantes. Mariana Blanco, representante del centro, señaló que “es inaceptable que un niño termine solo en un sistema que no fue diseñado para protegerlo”.
La intervención de la ONG, en conjunto con el Consulado de Guatemala en Miami, permitió activar un protocolo de reunificación familiar. Gracias a sus gestiones, Amílcar logró ser devuelto a su padre en Guatemala, donde finalmente se reencontraron en condiciones seguras.
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El caso de Amílcar generó preocupación en distintas organizaciones humanitarias. El Consulado de Guatemala en Miami expresó su rechazo ante la falta de coordinación por parte de ICE y solicitó a las autoridades estadounidenses mayor sensibilidad ante este tipo de situaciones. Según el consulado, este tipo de separaciones vulnera derechos básicos del menor.
ONG como The Guatemalan Maya Center han denunciado que estas situaciones no son aisladas. “Nos preocupa que existan otros niños que puedan estar en riesgo debido a procedimientos mal ejecutados”, advirtió Mariana Blanco. La organización ha intensificado sus esfuerzos para establecer canales de comunicación directa con las agencias involucradas en procesos de deportación.
Además, el centro legalizó el acompañamiento psicológico y legal para familias que enfrentan situaciones similares, con el fin de garantizar la seguridad de los menores ante cualquier eventualidad. En colaboración con otras entidades, impulsan campañas informativas que orientan a los migrantes sobre sus derechos y recursos disponibles en caso de detención.
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Evitar que más casos como el de Amílcar se repitan requiere de medidas coordinadas entre agencias gubernamentales, consulados y organizaciones civiles. Especialistas en derechos migratorios recomiendan que los padres en situación irregular otorguen autorizaciones legales anticipadas a personas de confianza que puedan encargarse del cuidado de sus hijos si se produce una deportación.
Desde Florida, The Guatemalan Maya Center está promoviendo talleres para orientar a las familias sobre cómo dejar instrucciones claras respecto a la custodia temporal de sus hijos. Estas capacitaciones incluyen información sobre cómo actuar frente a una detención y a quién acudir en casos de emergencia.
Además, es fundamental que ICE implemente protocolos de reunificación familiar en todos los operativos. La creación de una base de datos compartida entre agencias como ICE, DCF y los consulados permitiría actuar con mayor rapidez ante casos de separación familiar.





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