CIDH inicia litigio contra Perú por no brindar servicios de salud sexual a víctima de abuso
Proceso fue abierto por el caso de María, mujer que sufrió una violación sexual grupal y a quien no se le brindó el anticonceptivo oral de emergencia (AOE), ayuda psicológica, entre otras atenciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de María, una mujer peruana de bajos recursos víctima de abuso sexual grupal; y que iniciará un litigio contra el Estado peruano por obstaculizar el acceso a servicios de salud integral.
Se trata de la primera vez que la CIDH tomará en cuenta e investigará la responsabilidad del Perú en negar la entrega del anticonceptivo oral de emergencia (AOE), medicamentos para evitar el VIH, ayuda psicológica, entre otros.
Tras sufrir una violación sexual grupal y al llegar al hospital, María no recibió los servicios de salud integral que corresponden para estos casos; sino que le pidieron anteponer primero una denuncia penal para que pueda ser atendida.
‘‘Maria, en la segunda violación de la que fue víctima, en esta oportunidad atacada por otros tres amigos del perpetrador, fue llevada a un hospital público, cuyo personal de salud, pese al grave estado de shock en que ella se encontraba, exigían la denuncia haciendo caso omiso a la grave situación de emergencia. Lograr dicha denuncia para recibir la atención no solo tomó tiempo vital para no ser infectada de VIH o cualquier infección de transmisión sexual, sino también la puso en riesgo de embarazo. Solo después de un certificado del médico legista, fue hospitalizada’‘, cuenta Susana Chávez, experta en salud sexual y reproductiva.
No le proporcionaron el AOE, como indica la ley, ni le explicaron que tenía riesgo de embarazo y debía ingerirlo en un plazo máximo de 72 horas. La única respuesta que obtuvo María fue una receta médica que dejaron en la camilla donde se encontraba y sin mayor información.
AOE
‘‘A Maria no solo la expusieron a un grave riesgo de problemas que deberían ser evitados, pues la atención de emergencia que requieren las víctimas de violación no solo es conocida, sino también forman parte de la política de salud. Es ampliamente conocido que si la violación se ha producido dentro de las 72 horas, las víctimas deben recibir de manera urgente, anticoncepción oral de emergencia (AOE), medicamentos antirretriovirales para evitar el VIH y antibióticos, para evitar las infecciones de transmisión sexual (ITS)‘’, agrega Susana.
Por esta negligencia, distintas organizaciones de derechos sexuales y reproductivos como Promsex, Paz y Esperanza y el Centro de Derechos Reproductivos, decidieron llevar el caso de María a la CIDH con el objetivo de que el Estado peruano se pronuncie por ‘‘obstaculizar el acceso de las víctimas de violencia sexual a atención integral en salud'‘, según indica el comunicado oficial. ‘‘Maria es parte de la historia de miles de mujeres, que son víctimas de violación y que el Estado es incapaz de proteger ni dar atención, y esto es lo que hemos llevado a la CIDH’‘, explica Susana, quien también es directora de Promsex.
Como respuesta, la CIDH informó la admisión de este caso debido a ‘‘la falta de esclarecimiento de estos hechos, la falta de sanción de los responsables, la negación del acceso al AOE en condiciones de igualdad, así como la falta de información para hacer uso de ese procedimiento farmacológico'‘.
¿Cuáles son los siguientes pasos? Tras la aceptación por parte de la Comisión, las organizaciones colitigantes disponen de cuatro meses para presentar observaciones que serán presentadas al Estado peruano con el fin de que este elabore su respuesta.
¿Cuál es la situación del AOE en el Perú?
SI bien en 2019, el Poder Judicial ratificó la ley que autoriza la entrega de la ‘pastilla del día después’ en establecimientos de salud en el Perú, las organizaciones colitigantes en el caso María, advierten que existen dos tipos de obstáculos para la entrega del AOE en los hospitales públicos: administrativas y de género.
Por un lado, los estereotipos de género en los que funcionarios y personal de salud se basan para no otorgar el AOE e las mujeres que lo solicitan, incluso en casos de abuso sexual y, por otro, las autoridades que desconocen y no respetan la ley que apunta a que es su obligación brindar la pastilla con información oportuna y completa.
‘‘Hoy, aun varios años después, todavía podemos ver la enorme indiferencia que enfrentan las mujeres y que califica como violencia institucional [...]. Esperamos que el caso no solo lleve justicia a Maria, también esperamos que dicha justicia para todas las mujeres, cuyas familias, cuidadores, pero sobre todo Estado, no pudo proteger’‘, finaliza.
