Poder Judicial ratificó la legalidad del aborto terapéutico en el Perú

Constitucional y legal. Así declaró el Poder Judicial al Protocolo de Aborto Terapéutico en el Perú aprobado en 2014. Esto, tras la demanda de amparo interpuesta por la ONG Acción de Lucha Anticorrupción ‘Alas Sin Componenda’ y que fue resuelta el pasado 10 de marzo.

El requerimiento de esta ONG era que el organismo autónomo detenga la implementación de la Guía del Protocolo de Aborto Terapéutico, elaborada como parte de una política de Estado en todos los establecimientos de salud del país.

La Cuarta Sala Civil del Poder Judicial señaló que no existe argumento jurídico alguno que permita declarar la ilegalidad o inconstitucionalidad del Protocolo de Aborto Terapéutico en el Perú. De esta forma, se garantiza uno de los derechos de salud reproductiva para las mujeres.

Este documento funciona como guía para practicar la interrupción del embarazo en caso de riesgo en la salud o vida de la gestante, un procedimiento que es legal en el país desde 1924 y cuyo protocolo se aprobó 90 años después, en 2014.

La ONG feminista Promsex, que participó como litisconsorte pasivo en defensa de la Guía del Protocolo de Aborto Terapéutico, destacó el fallo a través de un comunicado en sus redes sociales.

Algunos de sus mensajes fueron: ''Desde Promsex recordamos al @Minsa_Peru que la Guía Técnica del Protocolo de Aborto Terapéutico se encuentra vigente, es legal y aplicable. #AbortoLegal'' y ''Es obligación de las/los proveedores/as de salud informar a todas las mujeres cuyo embarazo ponga en riesgo su salud física o mental, sobre la posibilidad de la aplicación del aborto terapéutico''.

Esta no es la primera acción interpuesta en contra de esta causal del aborto en el Perú. La última fue promovida por la Asociación Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro y se resolvió el pasado 15 de enero. En esa ocasión, el Poder Judicial falló a favor de los derechos reproductivos de las mujeres y ratificó la constitucionalidad de la práctica.

''Hay evidencias que señalan que un embarazo puede producir daños a la salud, que nadie debería ser obligada a un sacrificio […], que decidir cuánto riesgo puede correr por traer un hijo al mundo, debería ser una prerrogativa, tal como la que tenemos si decidimos donar un órgano […] Si eso es considerado parte de nuestra autonomía y ningún padre o madre está forzado a sacrificar su integridad física y a poner en riesgo su salud, ¿porque las mujeres gestantes si lo están?'', señaló en esa ocasión Susana Chávez, experta en salud pública y directora ejecutiva de Promsex para La República.