
A partir de enero de 2025, la administración de Donald Trump prevé reforzar su combate contra la inmigración ilegal en Estados Unidos. Las deportaciones masivas, una propuesta recurrente desde su campaña, se materializan en un plan organizado. El gobierno asignará recursos considerables para ejecutar estas políticas, impactando potencialmente a millones de inmigrantes en situación irregular.
Las autoridades migratorias, encabezadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), han puesto en marcha un sistema destinado a agilizar los procesos de deportación. Sin embargo, se enfrentan a desafíos significativos, como la falta de infraestructura suficiente y los altos costos asociados para ejecutar esta iniciativa de manera amplia.
El enfoque del plan de deportaciones masivas de Donald Trump se centra en grupos específicos de inmigrantes que no cumplen con las leyes de Estados Unidos y en aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional. Este plan busca identificar y expulsar a aquellos individuos que no respetan las normativas migratorias y que ponen en riesgo la integridad y estabilidad del país.
El nuevo enfoque se centrará en inmigrantes que ingresaron ilegalmente, aquellos con antecedentes penales o que violaron leyes de inmigración, así como quienes representen una amenaza para la seguridad nacional. Foto: Telemundo
Durante la presidencia de Trump, Estados Unidos implementó políticas migratorias más estrictas, enfocándose especialmente en reducir la inmigración irregular. Con la posibilidad de nuevas medidas en el horizonte, muchos inmigrantes enfrentan la incertidumbre de una posible reevaluación de su estatus legal. Aunque algunos sectores respaldan el endurecimiento de estas políticas, organizaciones defensoras de los derechos humanos han criticado duramente su impacto, especialmente en las comunidades más vulnerables.
El costo de ejecutar un plan tan ambicioso, además de la infraestructura necesaria para los centros de detención y el personal especializado, se estima en miles de millones de dólares. Trump ha insistido en que este gasto es necesario para proteger las fronteras del país, pero los expertos advierten que las consecuencias sociales y económicas de estas deportaciones podrían ser profundas.
El plan de deportación masiva de Donald Trump también podría afectar a aquellos inmigrantes que nunca pensaron que podrían ser deportados, como los trabajadores temporales o los estudiantes internacionales que violan sus permisos sin intención maliciosa.
A pesar de que algunos de estos inmigrantes podrían tener derecho a apelar su caso, el proceso es largo, costoso y no siempre exitoso. Por ello, muchos se encuentran en un limbo legal mientras esperan que su situación sea revisada.
América Latina, principalmente México y Centroamérica, enfrentará los mayores desafíos ante las deportaciones masivas prometidas por la administración Trump. De acuerdo con datos recientes:
De acuerdo con la Vigésima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, el periodo presidencial comienza el 20 de enero al mediodía, momento en que el actual presidente finaliza oficialmente su mandato. Donald Trump asumirá nuevamente el cargo de presidente el 20 de enero de 2025, en una ceremonia en el Capitolio de Washington D. C. Esta fecha, conocida como Día de la Inauguración o Inauguration Day, se celebra cada cuatro años como un símbolo de continuidad democrática en el país.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) regula el proceso de desnaturalización, el cual permite la revocación de ciudadanía estadounidense si se detectan irregularidades o violaciones legales. Según expertos en inmigración, los motivos principales incluyen:
La administración de Trump, durante su mandato anterior, ya inició políticas para fortalecer las auditorías de ciudadanía. Se creó un equipo especial en el USCIS para investigar casos sospechosos de fraude, lo que resultó en miles de revisiones de naturalizaciones.
La propuesta de Trump se fundamenta en su interpretación de la 14ª Enmienda, la cual estipula: "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y bajo su jurisdicción, son ciudadanos estadounidenses".
En este contexto, es importante analizar detenidamente la interpretación que se le da a la 14ª Enmienda y cómo se aplica en la actualidad. La discusión sobre la ciudadanía por nacimiento es un tema relevante que ha generado debate en diversos ámbitos.
Según su perspectiva, la expresión "sujetas a su jurisdicción" excluye a los hijos de inmigrantes indocumentados, argumentando que no estarían plenamente bajo la jurisdicción estadounidense. Sin embargo, esta visión ha sido rechazada por numerosos expertos en derecho constitucional.

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