El anuncio de Donald Trump como virtual presidente de Estados Unidos ha generado una gran preocupación en California, particularmente entre los políticos y expertos en vivienda, quienes temen que su "agenda económica extremista" agrave aún más la crisis inmobiliaria en el estado. En este sentido, se especula que las políticas migratorias y comerciales de la administración de Trump podrían tener efectos negativos en el acceso a la vivienda, especialmente para los inmigrantes y los californianos de bajos ingresos. Las políticas previas de Trump y sus promesas de deportaciones masivas y aumentos en los aranceles podrían dificultar la construcción de viviendas, además de afectar a las familias que ya luchan por acceder a viviendas asequibles.
Las medidas de Trump, que incluyen la deportación de inmigrantes y el aumento de impuestos a las importaciones, podrían restringir la disponibilidad de viviendas subsidiadas y aumentar los costos de construcción en California. Estas acciones podrían impactar negativamente tanto en el mercado de viviendas como en la industria de la construcción, exacerbando aún más la crisis de vivienda en el estado más poblado de EE. UU.
Una de las propuestas más controvertidas de Trump es la deportación masiva de inmigrantes, a quienes él y su compañero de fórmula, JD Vance, culpan de contribuir a la crisis inmobiliaria en California. Argumentan que la deportación de inmigrantes liberaría viviendas que podrían ser ocupadas por ciudadanos estadounidenses. Además, Trump ha prometido prohibir las hipotecas para inmigrantes indocumentados, aunque este grupo representa una pequeña fracción del mercado inmobiliario.
El impacto de estas deportaciones en la industria de la construcción podría ser significativo. La reducción de la fuerza laboral inmigrante, que representa una parte fundamental del sector de la construcción, podría obstaculizar la capacidad para construir nuevas viviendas. Según Ben Metcalf, director del Centro Terner para la Innovación en Vivienda de la UC Berkeley, si se implementan políticas que deporten a quienes no son ciudadanos o titulares de Green Card, se perdería una fuerza laboral esencial para el sector. "Esto destruiría una fuerza laboral de la construcción que ya está envejeciendo y disminuyendo", advirtió Metcalf.
Otro factor que podría agravar la crisis inmobiliaria es el aumento de los aranceles a las importaciones, una política que Trump implementó durante su primer mandato y que ahora podría ampliar. Los aranceles sobre los materiales de construcción, como el acero y el cemento, incrementarían los costos de las viviendas nuevas, ya que las empresas constructoras se verían obligadas a pagar impuestos adicionales sobre estos productos importados. Durante los primeros dos años del mandato de Trump, la Asociación de la Industria de la Construcción de California reportó que los aranceles aumentaron el costo promedio de una vivienda nueva entre 20.000 y 30.000 dólares.
Este aumento en los costos de los materiales podría ralentizar la construcción de viviendas, especialmente en un estado como California, donde ya existen grandes desafíos en cuanto a la disponibilidad de viviendas asequibles. Si la administración de Trump sigue adelante con la imposición de más aranceles, la construcción de viviendas nuevas podría verse aún más afectada, lo que exacerbaría la crisis de vivienda y dificultaría el acceso a viviendas para miles de familias californianas.