Los problemas judiciales de los partidos ganadores de la primera vuelta

El próximo presidente del país y el partido político que lo respalde en el Congreso podrían tener una tensa relación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, por sospechas de lavado de activos o delitos de corrupción de funcionarios.

Esta situación puede darse con cualquiera de los dos candidatos presidenciales en carrera, que gane la segunda vuelta: el maestro rural Pedro Castillo Terrones y la política Keiko Fujimori Higuchi.

El factor Cerrón

El maestro rural Pedro Castillo no tiene ningún proceso judicial, pero sí su principal soporte político, el médico Vladimir Cerrón, líder fundador de Perú Libre, y el hermano de este, Waldemar Cerrón, eventual congresista de Perú Libre por Junin.

Cerrón cumple una pena de cuatro años de prisión, que se suspendió por tres años de reglas de conducta. La pena vence en octubre del 2022. Pero aún tiene pendiente un recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia.

Fue condenado por delito de negociación incompatible al favorecer a un consorcio en obras de saneamiento en la ciudad de La Oroya, al asumir como gobernador regional de Junín, 2010-2014. Esta condena lo alejó de un segundo mandato como gobernador regional.

Sin embargo, lo más complicado son otras dos investigaciones que tiene en el Ministerio Público. 1) La Sexta Fiscalía Penal Corporativa de Huancayo lo investiga, junto a sus hermanos Waldemar Cerrón Roja y Fritz Elías Cerrón Rojas y a otros dirigentes de su partido, por presunto delito de lavado de activos.

Además, 2) la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción investiga a Cerrón por hechos vinculados al caso Antalsis y al empresario Martín Belaunde Lossio. De acuerdo con la Fiscalía, Cerrón habría recibido dos camionetas Nissan Frontier en las elecciones del 2010, a cambio de lo cual favoreció a la empresa Antalsis y la Corporación Asia SAC en los contratos de la construcción de los puentes Comuneros e Identidad.

El caso Fujimori

Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular, y antes Fuerza 2011, son investigados desde el 2015 por presunto lavado de activos en la captación y uso de millones de soles para las campañas políticas del 2011 y 2016.

En marzo último, el fiscal José Domingo Pérez solicitó 30 años y 10 meses de prisión para Fujimori por presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración.

La acusación incluye a su esposo Mark Vito, sus abogados y otros importantes dirigentes de Fuerza Popular. Además, el fiscal solicitó al Poder Judicial que en caso se dicte sentencia condenatoria se disponga la disolución de la agrupación política fujimorista como instrumento del supuesto delito.

Los cargos por obstrucción a la justicia tienen que ver con actividades de cuando fue congresista de Fuerza Popular, en el periodo 2016-2019, que habrían intentado influir sobre el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry para frustrar las investigaciones.

Fujimori rechaza los cargos y atribuye las acusaciones a una persecución política. De acuerdo con la Fiscalía, Fujimori y su partido habrían “blanqueado” más de 15 millones de soles de procedencia ilícita en las campañas electorales.

El dinero provenía de Odebrecht y empresarios peruanos, a los que supuestamente favorecería con leyes y contratos, en caso de ganar las elecciones y alcanzar la presidencia.

El caso está pendiente del control de acusación y a que se realice el juicio respectivo, lo que todavía podría tardar unos tres años antes de que se dicte sentencia. Mientras no exista una sentencia condenatoria confirmada, Keiko Fujimori goza de todos sus derechos y puede asumir la presidencia.

¿El juicio sigue o se suspende?

El constitucionalista Omar Cairo considera que, si Keiko Fujimori es elegida presidenta, por mandato del articulo 117 de la Constitución, el proceso penal en su contra se suspenderá hasta julio del 2026.

Al interior del PJ y Fiscalía consideran que dicho artículo 117 habla que no poder presentar una acusación, pero no de acusaciones que se presentaron antes.

Mencionan el caso del congresista Daniel Urresti que asiste a juicio o las citaciones al expresidente Martín Vizcarra para que declare en el caso Swing.

En todo caso, el proceso avanzaría hasta la citación a juicio público, en ese momento se reservaría contra Fujimori, y continuaría contra los otros involucrados.

Lavado

Delito. Los cargos de delitos de lavado de activos en una campaña electoral aún es materia de debate jurídico. El 2018, el Congreso incorporó al Código Penal el delito de financiamiento ilícito de campañas políticas. La Fiscalía considera que se trata de dos delitos diferentes.

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