MEF reporta avance del 59% en el shock desregulatorio, pero continúa rechazo sindical

El Gobierno ha situado al denominado “shock desregulatorio” en el centro de su narrativa económica. La presidenta Dina Boluarte lo presentó el 28 de julio como uno de los pilares de su gestión, en un mensaje a la Nación marcado por la baja aprobación de su Gobierno —por debajo del 20%— y el descrédito del Congreso —que apenas alcanza un 7% de respaldo ciudadano—.

Consciente de ese escenario de crisis de legitimidad, la mandataria apostó por resaltar que el plan busca “construir un Estado más ágil, cercano y eficiente”, a través de la eliminación de trabas burocráticas y la simplificación de procesos administrativos.

Ese día, Boluarte informó que se habían aprobado 254 medidas desregulatorias y que otras 257 estaban en proceso. Estas incluían la eliminación de 186 barreras burocráticas, la optimización de 85 trámites administrativos, así como reformas vinculadas a fiscalización, control y aspectos tributarios.

La expectativa oficial es que este esfuerzo logre incrementar la productividad, mejorar la competitividad, aumentar el Producto Bruto Interno (PBI) y generar más y mejor empleo en un contexto de baja inversión privada y estancamiento de la economía.

Proyección económica del MEF

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, había detallado semanas antes, el 9 de junio, que el impacto de este plan alcanzaría los S/11.000 millones en 2025, lo que representaría alrededor del 1% del PBI. Según dijo entonces, el 47% de las 511 medidas previstas ya estaban implementadas, es decir, unas 240 iniciativas. Además, adelantó que se culminaría en breve la ejecución de otras 82 medidas adicionales en construcción, transporte y almacenamiento, con un impacto de S/851 millones; en agricultura, con S/861 millones; y en comercio, manufactura y extracción, con S/43 millones más.

El ministro subrayó que las reformas regulatorias no solo buscan dar un impulso inmediato a la economía, sino también generar un “efecto multiplicador a futuro”. Con ese fin, el Ejecutivo proyectó un segundo paquete de entre 15 y 20 medidas adicionales, centradas en destrabar procesos de evaluación ambiental, ecológica y arqueológica, identificados como cuellos de botella para grandes proyectos de inversión.

En paralelo, el Gobierno anunció que reforzaría la asistencia técnica a gobiernos regionales y locales para aplicar las medidas de manera descentralizada. Como parte de esa estrategia, se realizó en Arequipa el primer encuentro territorial del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI-T), diseñado para articular a las autoridades regionales con el MEF en la tarea de destrabar proyectos estratégicos.

Avances reportados

El 22 de septiembre, el MEF actualizó el balance ante representantes de los principales gremios empresariales del país. De acuerdo con la cartera, a la fecha se habían culminado 385 medidas, lo que equivale al 59% del total de 651 identificadas hasta ahora. De estas, 266 permanecen en proceso de evaluación sectorial.

Entre las disposiciones ya aprobadas destacan la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), la regulación de los plazos de devolución de garantías en la Amazonía, los lineamientos para APP cofinanciadas, modificaciones al Reglamento del Mercado Alternativo de Valores (MAV), medidas específicas para el comercio electrónico en la zona comercial de Tacna y la aprobación de lineamientos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2026 para eliminar barreras burocráticas.

Por su parte, entre las medidas en curso figuran la estandarización de procedimientos y plazos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los lineamientos para el uso eficiente de los silencios administrativos, una nueva Ley de Obras por Impuestos y normas para flexibilizar el financiamiento participativo.

El Ejecutivo también puso en relieve el trabajo de articulación público-privada en Mesas Ejecutivas sectoriales, con avances en minería, energía y turismo, así como el despliegue del Equipo Especial de Seguimiento a la Inversión (EES), encargado de destrabar autorizaciones para depósitos de relaves, permisos hídricos y otros procedimientos técnicos.

En Cajamarca, el ministro Pérez Reyes presentó incluso una cartera de proyectos valorizada en USD 19.000 millones, resaltando la necesidad de articularla con un Plan Regional de Competitividad y Productividad.

Rechazo sindical y debate pendiente

El despliegue de esta agenda no ha estado exento de críticas. Tanto la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) como la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) han cuestionado la estrategia, denunciando que constituye “una campaña encubierta para debilitar conquistas laborales”.

“Ningún modelo de crecimiento será sostenible si se construye sobre la base de la explotación, la desigualdad y la negación de derechos laborales esenciales”, afirmó Gerónimo López, secretario general de la CGTP, para La República.

Además recordó que experiencias previas como la Ley MYPE y el régimen agrario beneficiaron principalmente a un reducido grupo de empresas agroexportadoras en perjuicio de los trabajadores.

El sindicalismo cuestiona también que el plan se promueva sin consulta previa al movimiento obrero, y advierte sobre los riesgos de expandir la tercerización y los contratos temporales sin límites, prácticas que —según sostienen— han profundizado la desigualdad y debilitado la organización gremial.

En esa línea, han exigido mantener vigentes los Decretos Supremos N° 001-2022-TR y 014-2022-TR, que refuerzan la protección frente a abusos en estas modalidades de contratación. Recientemente, informó López a este diario, enviaron una carta al Ministerio de Trabajo, "pero no ha sido derivada aún al MEF".

"Se habla mucho de dialogo, pero no hace imponiendo agenda ni resoluciones donde se incluye derechos laborales. Significa sentarnos a al mesa de las partes y dialogar", señaló.

Por su parte, Julio César Bazán, presidente de la CUT, enfatizó que toda reestructuración del aparato estatal debe respetar los principios del diálogo social. “Bajo el argumento de fomentar el ahorro o modernizar el Estado, no se pueden imponer medidas a costa de los derechos laborales”, señaló, en referencia a la propuesta de eliminar 14 programas ministeriales como parte de la creación de una Unidad Central de Inversión Pública.

El desenlace de esta tensión marcará en buena medida el balance político y económico del Ejecutivo en el tramo final de su mandato.