El infierno tras las rejas

"Aquí me he sentido como basura”. Las palabras son de una mujer, bisexual, recluida en un establecimiento penitenciario, entrevistada por funcionarios de la Defensoría del Pueblo. “Yo soy feliz cuando apagan las luces para dormir y cuando amanece y vuelven a prender las luces soy la persona más infeliz”. Otra mujer, transgénero, narró en otra entrevista sus propias desgracias.

“Tengo un acosador en la celda 4, me fastidia constantemente, me acosa, me insulta. Eso me da impotencia. Tengo ganas de cortarlo”. Tristeza. Depresión. Ansiedad. Sentimientos cotidianos que viven las personas LGTBI recluidas en las cárceles peruanas.

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Entre setiembre de 2021 y octubre de 2022, la Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT) de la Defensoría del Pueblo realizó una investigación exploratoria para conocer cuáles eran las condiciones en las que vivían las personas LGTBI confinadas en los establecimientos penitenciarios del país.

Primero, sus funcionarios enviaron cuestionarios a 18 directores de penales y, luego, efectuaron 43 entrevistas en 23 establecimientos. Lo que encontraron fue una realidad dura, compleja, en la que gays, lesbianas y hombres y mujeres transgénero padecen discriminación, violencia y todo tipo de humillaciones.

Una realidad que describen en el informe especial “Condiciones de Internamiento de las Personas LGTB en 23 cárceles del Perú”, que la Defensoría presentó recientemente.

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Violencia y amenazas

–Uno de los principales hallazgos es que las personas LGTBI son invisibilizadas en el sistema penitenciario– dice Porfirio Barrenechea, director del MNPT. –Y otro es la afectación a su dignidad. Por su orientación sexual o su expresión de género son objeto de burlas, maltratos físicos, verbales y abusos de parte de las autoridades penitenciarias y de los propios internos.

Según el informe, el 74% de las personas entrevistadas dijo haber sido víctima de algún tipo de maltrato durante su internamiento. Los más frecuentes eran la violencia verbal y física, seguidas de las amenazas y la violencia sexual.

“Me jalaron de los cabellos y me dijeron: ‘Te vamos a cortar el pelo, aquí no se puede tener largo’”, contó una mujer trans sobre la agresión que sufrió por parte de un agente del INPE. “Hay un interno que para drogado y me enamora, me acosa. Provoca a mi marido para que él le pegue y lo sancionen y lo manden al calabozo para que yo me quede sola… Los del INPE me sancionan con gritos o insultos si me visto de mujer”, narró otra mujer transgénero.

Solo la tercera parte de los entrevistados dijo haber denunciado las agresiones. La mayoría no lo hizo por miedo a las represalias o a ser trasladados a otro centro penitenciario y también por la falta de confianza en el sistema. En la mayoría de los establecimientos, las mujeres y hombres trans contaron que se les prohíbe usar prendas de vestir que expresen su identidad de género, se les llama por los nombres consignados en sus documentos y no por sus nombres sociales y que las expresiones de afecto entre parejas del mismo sexo son consideradas infracciones a las normas.

“Yo tenía el pelo corto cuando llegué al penal y no me dejaban cortármelo”, contó un hombre trans a los funcionarios. “Me obligaron a dejarme el pelo largo por más de dos años. A mi pareja también la hostigaban. Me pusieron de condición que me vistiera como mujer para dejarme estar cerca de mi pareja”, refirió.

Gianna Camacho, mujer trans, activista por los derechos humanos, fue parte de dos talleres realizados en el penal de Lurigancho, el primero como parte del Centro de Investigación Interdisciplinaria de Salud, Sida y Sociedad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el segundo, junto con la Defensoría del Pueblo.

Ella cuenta que una de las cosas que más la sorprendió fue la forma que muchas mujeres trans habían encontrado para sobrevivir: convertirse en las mujeres de los reos, cocinándoles, atendiéndolos, a cambio de protección. –Otra cosa que me pareció fatal fue que había una consejera, una persona muy religiosa, que siempre les decía a los gays y trans que vivían en pecado y que Cristo no iba a permitir que entraran al cielo. Eso es terrible– dice.

Sin ganas de vivir

El 64% de las personas entrevistadas por la Defensoría reveló sentirse triste, decaída o deprimida la mayor parte del día. El 32% confesó haber tenido intentos suicidas durante su internamiento. Y el 48% dijo que se había generado una autolesión como respuesta a alguna situación que los había superado.

–Estas personas están en una situación de indefensión bastante grande– dice Porfirio Barrenechea, director del MNPT. –Viven en un estado de zozobra permanente porque en cualquier momento pueden ser víctimas de maltratos físicos, verbales, de abusos sexuales, y esos hechos no se toman en cuenta.

Como parte del informe, la Defensoría del Pueblo hizo una serie de recomendaciones dirigidas principalmente al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Ministerio de Justicia. La primera fue implementar un registro de casos de violencia hacia las personas LGTBI en establecimientos penitenciarios, en el que se consigne el tipo, la prevalencia, las tendencias y las pautas de la violencia contra ellos y ellas. Y también establecer mecanismos seguros para que las personas LGTBI recluidas y las que ingresan como visitas puedan denunciar las agresiones de las que son víctimas.

La Defensoría también sugirió implementar un protocolo de clasificación de las personas LGTBI en el que se respeten su orientación sexual y su expresión e identidad de género. Asimismo, prohibir que se impongan sanciones fundamentadas en la orientación sexual o identidad de género, y adecuar las normas para incluir el derecho de los internos a usar prendas que manifiesten su identidad de género.

Porfirio Barrenechea señaló que las autoridades del INPE se mostraron abiertas a recoger estas recomendaciones. DOMINGO pidió entrevistar a voceros de esta institución, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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